En la reunión, presidida por Julio Pérez, han participado la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; y los alcaldes de Puntagorda, Vicente Rodríguez; de Agulo, Rosa María Chinea; de Valverde, Antonio Ramón Chinea; de Agüimes, Óscar Ramón Hernández; y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha estado acompañado por la concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado representado por el edil de Seguridad, Josué Íñiguez Ollero.
Por parte del Gobierno de Canarias también han asistido las viceconsejeras de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez; y de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; y los directores generales de Seguridad y Emergencia, Gustavo de Armas, de la Función Pública, Águeda Márquez; y de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde.
La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.
Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.
Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.
Julio Pérez ha destacado el mérito de haber expuesto la necesidad de modificar la situación de las policías locales, durante el proceso de elaboración de la nueva ley, que viene a corregir algunos puntos de la actual regulación.
La presidenta de la Fecam, además de agradecer el impulso a esta norma, ha puesto de relieve que, durante su redacción, se ha evidenciado el compromiso de cogobernanza entre administraciones a la hora de buscar soluciones y ha solicitado a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura.
En este sentido, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría.
