El objetivo de esta ley es cubrir el vacío normativo con que se han encontrado los miles de damnificados por esta desgracia natural para poder recibir las ayudas que necesitan y rehacer su vida y su economía, ya que la legislación vigente en absoluto está pensada para un fenómeno tan destructivo y para el que la población afectada no contó con información preventiva suficiente para tomar medidas que redujeran sus pérdidas materiales y su sufrimiento psicológico.
La Comisión Promotora ruega ahora a la sociedad palmera y a la canaria que colabore firmando esta petición en las mesas cuyo calendario, ubicación y horario serán anunciados próximamente a través de redes sociales y notas de prensa, ya que hay un plazo de tres meses para recoger las 15.000 rúbricas necesarias.
La autorización del Parlamento regional se ha producido una vez que la Comisión Promotora ha modificado el texto de la iniciativa legislativa para eliminar determinados artículos por requerimiento del Consejo Consultivo de Canarias, al entender que podían excederse de las competencias de la Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, el grupo de personas que promueve esta ley frente al riesgo volcánico deja claro que no va a renunciar a que, durante la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, se plasmen en el texto final medidas que garanticen el derecho de los afectados recuperar el valor del patrimonio perdido, a bonificaciones fiscales, a condonaciones de hipotecas y préstamos y a que, caso de expropiaciones, se establezca el justiprecio con el valor que tenían las propiedades antes de la erupción.
La Comisión Promotora pone de relieve también que es preciso que la opinión pública, dentro y fuera de La Palma, sepa que la catástrofe no ha terminado y que ni siquiera se han acabado de aplicar las soluciones provisionales para los afectados, por lo que en absoluto puede transmitirse la sensación de que la reconstrucción ya es un hecho.
Al contrario, las deficiencias en la gestión de la emergencia, junto a este vacío normativo, dan a la Comisión Promotora cada día más razones para seguir adelante con esta importante iniciativa que quiere que sea compartida todos los canarios, porque esta catástrofe no es ni será la última de este tipo en Canarias, y sería una injusticia no ayudar con un nuevo marco normativo a la recuperación de la población damnificada en La Palma, al tiempo que una grave irresponsabilidad no preparar la legislación para ahorrar sufrimientos en el futuro a quienes puedan verse afectados por erupciones volcánicas devastadoras, como esta.