El complejo hotelero Club Oliva Beach Resort se encuentra en un espacio natural situado sobre las Dunas de Corralejo, al noreste de la isla de Fuerteventura, y conformado por un sistema dunar vivo de excepcional valor natural y paisajístico, como acredita el hecho de que sobre el mismo recaigan al menos cuatro figuras de protección: Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) perteneciente a la Red Natura 2000, Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En 2007 se autorizó a la cadena a realizar obras de rehabilitación y mantenimiento, siempre y cuando no implicaran un aumento de volumen de la construcción existente, condición que RIU incumplió y fue sancionada en 2008 por una infracción grave y la exigencia de recuperar el estado anterior del hotel. En 2020, doce años después, se notificó a RIU que las obras declaradas ilegales no eran legalizables y se le volvió a exigir que la edificación volviera a su estado anterior en un plazo de dos meses, exigencia que también incumplieron.
El total de las obras ilegales asciende a 2.996,92 metros cuadrados y comprenden solarium, jacuzzis y nuevas habitaciones, así como reformas y usos no autorizados en la concesión, como gimnasios, peluquería y salas de masaje. Además, la planta depuradora se encuentra en estado de ruina, vertiendo directamente al mar el agua residual en bruto a través de un emisario submarino.
La Federación Ecologista Canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno canario conceda este tipo de reconocimientos a empresas que no cumplen con la legalidad y participan en el deterioro de los espacios naturales protegidos de las islas. "Es inaceptable que se premie al RIU Oliva Beach y que la proyección turística internacional de Canarias sea la permisividad y la ilegalidad dentro de los espacios protegidos", apunta Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec.