En rueda de prensa, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, acompañado por el consejero Raúl García Brink, y el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, explicó que esta decisión estatal tendrá un impacto directo y duradero sobre el sistema eléctrico de Gran Canaria. "No estamos ante un debate técnico, sino ante decisiones que van a marcar cómo producimos y gestionamos la energía en la isla durante las próximas décadas", advirtió.
En este sentido, señaló que el diseño de esta propuesta responde a un modelo pensado para sistemas con pocas energías renovables y escasa flexibilidad, un enfoque que ya no encaja con la situación actual de Gran Canaria. "Hoy el problema no es que falte energía, sino que el sistema no es capaz de gestionarla bien", afirmó.
Como ejemplo, recordó que en determinados momentos se ha llegado a desperdiciar más del 20% de la energía renovable producida en la isla. "No es un fallo de las renovables, es un fallo del sistema. Tiramos energía limpia mientras seguimos quemando combustibles fósiles, con más emisiones y más costes", subrayó.
La concurrencia estatal prevé incorporar 302 megavatios de nueva potencia térmica en Gran Canaria, una cifra que el Cabildo considera excesiva para un sistema insular aislado. Además, se trata de centrales grandes y poco flexibles, que no pueden adaptarse fácilmente cuando hay mucha producción solar o eólica.
Asimismo, alertó de que un parque térmico rígido dificulta el desarrollo del almacenamiento energético, una infraestructura clave para aprovechar mejor las renovables, reducir vertidos y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
El presidente también mostró su preocupación por la falta de una planificación territorial clara, ya que la potencia prevista se asigna al conjunto del sistema insular sin definir ubicaciones concretas ni evaluar de forma global su impacto. Al respecto, manifestó de manera tajante que "Gran Canaria no va a aceptar nuevas centrales térmicas en el entorno de la capital, ni en el puerto ni en zonas próximas a la ciudad", a la vez que subrayó que se trata de una posición firme y coherente, en línea con la oposición mantenida por el Cabildo frente a proyectos similares en el pasado.
Según explicó, la incertidumbre generada por el actual planteamiento ya está frenando inversiones en energías renovables en la isla. "En un territorio insular, frenar inversiones es frenar empleo, innovación y oportunidades de futuro", afirmó.
Apuesta por un sistema más flexible
Por su parte, el consejero Raúl García Brink aseguró que "Gran Canaria necesita un sistema eléctrico capaz de adaptarse a la energía renovable que ya produce y a la que generará en los próximos años".
En este sentido, abogó por que la prioridad sea "invertir en almacenamiento y flexibilidad, no en más generación fósil rígida que obliga a tirar energía limpia y frena la transición energética". "Solo con un sistema más flexible podremos reducir vertidos, garantizar el suministro y avanzar hacia un modelo energético más limpio, eficiente y sostenible para la isla", añadió García Brink.
Por todo ello, el Cabildo de Gran Canaria pide al Ministerio que revise el planteamiento de la concurrencia antes de su resolución definitiva e incorpore criterios de flexibilidad acordes con la realidad actual del sistema insular.