Ante esa circunstancia, el Ejecutivo ha exigido al Ministerio la suspensión del plazo de información pública y consultas a las Administraciones afectadas hasta que se subsanen las irregularidades detectadas en el expediente tramitado por el Estado, "pues ello impide que ciudadanos y Administraciones puedan realizar alegaciones al informe ambiental realizado por Repsol", según el comisionado del Gobierno para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos.
El escrito del Gobierno -que hace referencia al proyecto "20130011 sondeos exploratorios Sandía-1, Chirimoya1, Zanahoria 1, Plátano 0, Cebolla 1 y Naranja1- recuerda que la normativa vigentes sobre la evaluación de impactos ambientales indica la necesidad de someter el estudio de impacto dentro del procedimiento aplicable para la autorización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública".
En este sentido, el Ejecutivo señala que la documentación remitida carece de proyecto técnico, "lo que no permite determinar si todas las acciones del proyecto que pueden producir impactos están identificadas, ni sobre qué factores ambientales éstas podrían producir impactos, ni qué impactos de los que se podrían producir se pueden valorar como significativos; por lo tanto -continúa el escrito- no se podría tener certeza de haber adoptado todas las medidas necesarias para eliminar o corregir dichos impactos".
De la misma manera, el Gobierno canario denuncia que el Estudio no refleja la titulación ni el DNI de los firmantes del mismo, tal y como exige la ley, ni constan diversos informes que se afirman remitir. En concreto, entre la información que no aparece o aquella que únicamente está en situación de avance se encuentran los anexos 1, 2, 5, 6 y 11; el Plan de Respuesta para Episodios de Descontrol del Pozo; los vídeos de explotación del fondo marino de los sondeos Plátano 0, Cebolla 1 y Naranja 1 o el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (que es un documento preliminar).
El Estudio también cita y no adjunta los siguientes informes: Informe de apoyo técnico en consultas previas sobre el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto "sondeos exploratorios marinos en Canarias, de 2013 de CEDEX; el estudio de impacto ambiental de la campaña sísmica en una zona de aguas adentro frente a la costa de Ca arias, de 2002; el documento de análisis ambiental para los sondeos de Canarias, de 2004; modelización de vertidos y ripios y eventuales derrames de hidrocarburo en alta mar al este de las Islas Canarias, de 2004, o el informe técnico sobre caracterización general del entorno de actuación de Repsol en aguas canarias, 2012 y 2013, de BIOGES.
Carencias en la consulta pública
El escrito del Gobierno de Canarias también hace referencia a las limitaciones que, de hecho, ha aplicado la Administración central al preceptivo periodo de consulta pública, ignorando las peticiones formuladas en este sentido para ampliar las instituciones y organismos a las que consultar el estudio. Así se había instado a incluir en la lista de consultas a todos los Cabildos insulares, los ayuntamiento de las islas de Lanzarote y Fuerteventura -por influencia directa y sensibilización de sus habitantes sobre el proyecto- y los ayuntamientos de las costas sur y este de Gran Canaria y sur de Tenerife -debido a la existencia de instalaciones desaladoras para abastecimiento humano, y de playas y zonas costeras de uso intenso por la población local y turística que pueden sufrir impactos negativos; a los consejos insulares de aguas de Lanzarote y Fuerteventura, los consejos de las Reservas de la Biosfera de Lanzarote y Fuerteventura, las cofradías de pescadores de las islas afectadas y entidades de ámbito nacional e internacional para la conservación de la naturaleza.
Esta circunstancia, a juicio del Gobierno de Canarias, hace que la Administración Central se aparte de los objetivos de la legislación estatal, europea y de la propia Comunidad Autónoma sobre máxima publicidad y participación en materia ambiental, "que resulta especialmente obligada respecto de aquellas personas, entidades e instituciones que pudieran resultar potencialmente afectadas por el proyecto".
Otra de las denuncias del Ejecutivo autónomo tiene que ver con el hecho de que el Ministerio hubiera establecido un único lugar de acceso y consulta a la información, en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, mermando así la posibilidad de acceso y consulta en el resto de la comunidad autónoma.
