Cada vez hay menos petróleo, pero la industria de los combustibles fósiles y sucios presiona para seguir manteniendo un sistema energético insostenible. Para ello se está recurriendo a técnicas muy peligrosas para extraer los "últimos restos" de hidrocarburos de lugares de difícil acceso. Es el caso de las prospecciones marinas, cada vez más aguas ultraprofundas como en el caso de Canarias, y también del fracking.

Los fuertes impactos de las propias prospecciones, la catástrofe que supondría un vertido y la necesidad de dejar de extraer energías sucias del subsuelo para luchar contra el cambio climático son razones para abandonar estos proyectos. La ciudadanía parece tenerlo claro, mientras el Ministerio de Medio Ambiente da luz verde a los proyectos de Repsol en Canarias de manera cuestionable y el Tribunal Supremo desestima recursos.

El Estado español cuenta actualmente con al menos diez perforaciones marinas activas para la extracción de petróleo o gas o instalaciones de almacenamiento, todas ellas pertenecientes a Repsol. Cuatro pozos de perforación de petróleo y una instalación de almacenamiento de gas en Tarragona (que tienen un largo historial de vertidos); dos pozos de extracción de gas natural en Cádiz, y dos pozos de extracción y una instalación de almacenamiento de gas en Vizcaya.

Este número se multiplicará ya que ahora hay permisos vigentes para la investigación y búsqueda de posibles explotaciones de hidrocarburos en cinco zonas marinas del Estado: en la costa andaluza, entre Málaga y Almería (CNWL Oil España y Repsol), en el golfo de Valencia y la Costa Brava (Capricon Spain Limited), en Tarragona y las Islas Canarias (Repsol). Además existen nuevos permisos pendientes por autorizar como los solicitados de Spectrum Geo Limited, que prevé sondear una zona de más que 100.000 km2 en el Mediterráneo norte, entre la Costa Brava e Islas Baleares.

Todos estos proyectos de prospecciones marinas han generado una gran alarma y respuesta social en los lugares afectados. Ecologistas en Acción, confederación a la que pertenece Ben Magec – Ecologistas en Acicón, quiere señalar que cada fase del proceso implica fuertes impactos ambientales y una amenaza constante de vertidos, que pueden suponer auténticas tragedias para la socioeconomía local.

En primer lugar están las exploraciones sísmicas. Para ello se provocan explosiones desde barcos especiales con cañones de aire comprimido, que se disparan cada 6-10 segundos, las 24 horas al día y durante varios meses. Estas fuertes ondas sonoras provocan una gran mortandad entre muchas especies, como los cetáceos, y están en relación directa con los varamientos que se producen en determinadas áreas. Además, provocan una fuerte reducción de los recursos pesqueros. Esta es la fase en la que se están la mayor parte de prospecciones del Mediterráneo.

Luego vienen los sondeos físicos. La perforación desde barcos o plataformas para comprobar si existen hidrocarburos explotables, fase en la que se pueden producir importantes vertidos. Esta es la etapa que se pretende iniciar en Canarias tras su autorización por el Gobierno.

Y, por último, estaría la explotación de las bolsas de hidrocarburos que se pudiesen encontrar. Aunque la industria insiste siempre en que está todo bajo control, lo cierto es que los vertidos son muy frecuentes: sin ir más lejos, la plataforma Casablanca, de Repsol, situada frente a Tarragona, ha tenido vertidos importantes, el último en diciembre de 2010, de más de 160.000 litros de crudo. Y sin olvidar casos dramáticos, como el tremendo vertido provocado en el Golfo de México por la Plataforma Deepwater Horizon, de BP.

Todo está bajo control, hasta que deja de estarlo. Y entonces las consecuencias las paga el medio ambiente y la población de las zonas litorales.