Rivero explicó al término del encuentro que el Gobierno autónomo considera que las autorizaciones del Estado vulneran el derecho comunitario, en concreto el artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, que obliga a la elaboración de informes de impacto en los casos de actuaciones con posibles afecciones medioambientales.
El jefe del Ejecutivo se mostró convencido tras la reunión de que "es posible paralizar las autorizaciones" dado el compromiso expresado por el comisario en la defensa del interés general y del cumplimiento de la normativa comunitaria.
En este sentido, Rivero subrayó que "el comisario nos ha trasladado que analizará el expediente desde la máxima honestidad y con el máximo interés" para que prevalezca el sentido comùn y la coherencia.
"Si la Comisión Europea ha actuado con firmeza para defender el medio ambiente en otros casos relacionados con las infraestructuras, ahora debería también actuar en el mismo sentido, dado que las prospecciones vulneran directivas europeas", dijo el presidente.
Rivero insistió en que el proceso ahora mismo se encuentra en una fase informativa y que el Ejecutivo autónomo aportará toda la documentación precisa a la Comisión para que esta pueda valorar con perfecto conocimiento de causa el expediente.
"En todo caso –continuó- esta reunión con el comisario se ha de entender sólo como una de las vertientes de la ofensiva de las instituciones canarias contra la autorización a Repsol" que se sustancian también en iniciativas en el ámbito judicial, social y político.
En opinión del presidente canario, "la batalla acaba de comenzar y será muy larga y apasionante, porque estamos hablando de un asunto que afecta al futuro de las islas y éste no se puede poner en juego por el apoyo del Estado a una empresa privada para que desarrolle una actividad coyuntural que no creará riqueza en las Islas".
A este respecto, explicó que la actividad petrolera es incompatible con el turismo y alertó de los riesgos que esta supondría para el empleo y la economía de Canarias, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. "No debemos olvidar –señaló- que el 51 por ciento del PIB de estas dos islas y el 54 por ciento del empleo dependen del sector turístico".
Consecuente mente, el Gobierno de Canarias seguirá impulsando iniciativas a nivel jurídico, social y político para hacer prevalecer el interés general de los canarios por encima del interés de una multinacional.
El Ejecutivo autónomo también trasladará al comisario europeo un dossier con una veintena de informes científicos y cartas de colectivos ciudadanos y ecologistas en contra de las prospecciones. Entre ellos se encuentran los elaborados por WWAdena, Océana o la Secac, sociedad especializada en el estudio de los cetáceos.
