Este documento, que también se da a conocer a ciudadanos que son titulares de instalaciones que realizan vertidos sin autorización, detalla los trámites administrativos y la documentación técnica que es necesaria aportar durante el proceso.
Por otro lado, la Consejería de Política Territorial ha encomendado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que dé asesoramiento posterior a los titulares de vertidos para asegurar la correcta presentación de la documentación, así como para resolver cualquier otra cuestión o duda en referencia a esta tramitación.
En la reunión celebrada esta mañana se ha hecho un repaso de la situación actual de los vertidos desde tierra al mar en Canarias en base al censo que fue publicado el pasado mes diciembre y al que se puede acceder desde la web de la Consejería de Política Territorial.
La viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, incidió en la importancia de obtener las autorizaciones necesarias para alcanzar una solución definitiva lo antes posible. "El censo señala 393 puntos de vertido desde tierra al mar, de los que 277 no están autorizados. Se trata, sin duda, de una realidad insostenible".
Blanca Pérez explicó que, tras conocer de forma detallada cuál es la situación de los vertidos en las Islas, la Consejería continuará con labores exhaustivas de inspección, a la vez que asesorará a ayuntamientos y cabildos en el proceso de tramitación de las debidas autorizaciones.
Durante el encuentro también se avanzó cuál será el contenido y los objetivos de la futura normativa autonómica reguladora de los vertidos desde tierra al mar, ya que las autorizaciones actuales se conceden bajo el amparo de una orden ministerial del año 1993 que no recoge todas las particularidades del Archipiélago.
Ya está abierta la fase de consulta previa sobre este decreto que contendrá una regulación adaptada a las especificidades canarias y que simplificará la tramitación de las solicitudes de autorización de vertidos. En este sentido, uno de los principales avances que recogerá la futura norma es la posibilidad de realizar todos los trámites en sede electrónica.
