El objetivo de este documento, que se ha hecho en base al estudio de experiencias similares en erupciones tanto en esta isla como en otros entornos similares, es establecer una hoja de ruta previsible sobre las actuaciones que se deberán desarrollar una vez cese la erupción, de manera que se pueda acelerar el proceso de recuperación y adaptar la planificación al control de la ocupación de las diferentes zonas afectadas, incluidas las de alto riesgo.
José Antonio Valbuena, indicó que la Consejería ha creado un equipo multidisciplinar con personal técnico de Grafcan, Gesplan y Gestur y recalcó la importancia de "mantener la coordinación interadministrativa a todos los niveles para dar una respuesta humana a una tragedia social de estas características en el menor tiempo posible, una vez el proceso eruptivo nos lo permita".
Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual, destacó el trabajo coordinado con el Gobierno de Canarias y valoró la presentación de la metodología planteada por el Ejecutivo Regional. "Confiamos en que se mantenga el diálogo entre instituciones para trabajar desde el consenso", manifestó.
Por último, Agoney Piñero explicó que "desde el primer momento que la Consejería nos planteó la necesidad de colaborar, pusimos en marcha un equipo multidisciplinar, formado por geógrafos, juristas, sociólogos, economistas y arquitectos, entre otros perfiles profesionales, con el objetivo de aportar nuestro conocimiento y experiencia". "Llevamos 30 años trabajando al lado de distintas administraciones públicas en el Archipiélago, lo que nos ha posicionado como un importante brazo ejecutor en distintas materias como la medioambiental, infraestructuras o planificación territorial", aseveró.
El marco territorial incluirá la recopilación de datos previos y posteriores a la erupción, un análisis de efectos, una identificación temprana de necesidades y las consecuentes estrategias de recuperación sectorizadas.
Este marco territorial contemplará también las infraestructuras básicas necesarias, la definición de los perfiles sociales de la población afectada, la estructura de la intervención en los diferentes ámbitos territoriales y la definición de un proceso participativo para que la sociedad palmera pueda realizar sus aportaciones al mismo.
El documento incluye también una recopilación de los problemas más comunes en la fase posterior a un proceso eruptivo y las variantes desde el punto de vista medioambiental, como posibles alteraciones en la calidad del aire, el estado del suelo o el impacto que tendrá este proceso en la calidad del agua de la zona.
Los trabajos realizados hasta el momento se han basado en la Evaluación de Necesidades Post Desastres (PDNA) y el Marco de Recuperación de Desastres (DRF), ambos documentos elaborados por las Naciones Unidas.
El documento también destaca que es necesario comenzar los trabajos por la actualización de la evaluación de riesgos de esta parte de la isla. Esta actualización permitirá que las futuras intervenciones sean adaptativas a esta nueva realidad que ha generado el volcán.