"Descarbonizar la movilidad es una exigencia de salud pública y una necesidad inaplazable para mitigar el cambio climático y para cumplir nuestros compromisos internacionales", ha afirmado la ministra Raquel Sánchez en el acto de presentación de la resolución de las ayudas que ha tenido lugar ayer en la sede del Ministerio en Madrid.
"Tenemos que dejar de construir ciudades para coches y hacerlo para las personas y recobrar protagonismo para un espacio público en el que se construyen las relaciones que crean convivencia", ha señalado.

Las ayudas beneficiarán directamente a los 24,5 millones de personas que viven en los municipios adjudicatarios de todo el país (datos del INE a uno de enero de 2020) por lo que, en promedio, un municipio de 100.000 habitantes accede a 4.000.000 de euros de financiación.

La resolución provisional de la convocatoria de 2021 de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte urbano, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha publicado en la sede electrónica del Mitma y los ayuntamientos disponen ahora de cinco días hábiles para presentar alegaciones o renunciar a los fondos.

El programa está dirigido a municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes que cumplan una serie de requisitos, como disponer de un sistema de transporte público urbano.

Gran éxito de participación

La convocatoria se articuló en régimen de concurrencia competitiva y cerró con un gran éxito de participación. En total, 193 municipios presentaron 262 solicitudes por valor de 1.497 millones de euros, casi un 50% más de lo presupuestado. Finalmente han sido seleccionadas 179 propuestas de 170 municipios. Así, el 87% de los solicitantes ha obtenido financiación.

De las 262 solicitudes totales, tres fueron presentadas como agrupación y cuatro como entes supramunicipales, aunque dos no cumplieron los requisitos recogidos en las bases reguladoras para serlo, por lo que sus propuestas fueros desestimadas. El resto de los solicitantes fueron municipios que se presentaron a título individual: 193 solicitudes de tipo 1 y 62 solicitudes de tipo 2. Todos los potenciales beneficiarios tenían derecho a presentar una propuesta a título individual (solicitud 1) y otra como agrupación, mientras que los municipios con 50.000 o más habitantes y las capitales de provincia podían participar con una segunda solicitud individual adicional.

Todas las propuestas recibidas se han valorado en función de los criterios de madurez, impacto, calidad y relevancia. En este punto, cabe señalar que cada solicitud estaba compuesta por varias actuaciones por lo que se van a financiar con cargo a los fondos NextGenerationEU 659 actuaciones de las 1.154 que se presentaron. Los proyectos financiados deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2024.

Tras el proceso de análisis y evaluación realizado con apoyo de expertos independientes de Ineco, Cedex y Senasa, se descartaron 31 solicitudes por incumplir los criterios de admisibilidad (15) o criterios técnicos (16). El resto recibirán subvención, exceptuando 52 que, pese a haber aprobado, no han podido optar a ayudas al agotarse los fondos asignados a la convocatoria como resultado de su elevado éxito.

Así, de las 179 solicitudes seleccionadas, 169 son de tipo 1 y concentran subvenciones por 880 millones de euros, mientras que, como ya se ha mencionado, las solicitudes de tipo 2 acceden a 11,1 millones de euros. Por su parte, las tres agrupaciones y los dos entes supramunicipales se reparten 108,9 millones (64 y 50 millones, respectivamente).
Está previsto que en 2022 se publique una segunda convocatoria con 500 millones de euros, hasta completar los 1.500 millones de euros previstos para esta línea.
Ineco, que apoya a Mitma en la gestión y ejecución del PRTR, ha participado en la elaboración, publicación y resolución de esta primera convocatoria de ayudas y ya está trabajando en la segunda.

Actuaciones subvencionadas

El objetivo del programa, financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es contribuir a mejorar la calidad del aire en las ciudades y la descarbonización de la movilidad, articulando un sistema de transporte público urbano fiable, asequible, atractivo y de nulas emisiones y promoviendo la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), de manera que el uso del vehículo privado a motor sea más limitado. La distribución de los fondos por tipo de actuación se articula de siguiente forma:
El 40% del presupuesto de la convocatoria se ha asignado a actuaciones encaminadas al desarrollo de la movilidad activa, como la construcción de carriles bici, la peatonalización de calles o la instalación de puntos de alquiler de bicicletas. Por ejemplo:
- Se van a destinar más de 100 millones de los fondos en ampliar y mejorar la red ciclista en 78 municipios de España. Así, se prevé construir más de 500 kilómetros de carriles bici y se reforzarán y acondicionarán al menos 450 kilómetros de vías ya existentes.
- Se financiará la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, con 48,9 millones de euros, y se promoverá la intermodalidad.
- Se han concedido 242,8 millones de euros para financiar 149 actuaciones para a aumentar el espacio para peatones en las ciudades. En concreto, se implementarán zonas e itinerarios peatonales y se mejorará la accesibilidad.

El 20% de los fondos se invertirán en impulsar las flotas de cero emisiones. Así, se prevé financiar con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) la adquisición, por parte de 44 municipios y por un importe de 141 millones de euros, de hasta 650 autobuses urbanos de cero emisiones y más de 45 vehículos eléctricos para la recogida de basuras. Así, en total, se han otorgado 195 millones para la renovación de flotas, con la inclusión de la instalación de puntos de recarga eléctricos para dichos vehículos pesados.

El 17% de las ayudas financiará mejoras en la eficiencia del transporte público, incluyendo el refuerzo de los servicios ferroviarios urbanos, del reparto de mercancías en la última milla y el calmado del tráfico rodado. Este tipo de proyectos contempla actuaciones como, por ejemplo:
- El desarrollo o refuerzo de aparcamientos disuasorios de competencia municipal (28,2 millones de euros).
- El establecimiento de áreas de estacionamiento reguladas fuera de las zonas de bajas emisiones (3,3 millones).
- La mejora de la accesibilidad al transporte público a personas con movilidad reducida y colectivos especiales (16,2 millones).
- La habilitación de plataformas y carriles de priorización del transporte público (60,2 millones).

El 12% de los 1.000 millones de la convocatoria se destina a proyectos de digitalización de la movilidad para la mejora de los servicios públicos de
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http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/canarias.html transporte (información en tiempo real, planificación de itinerarios, pago digital...) y de la gestión de las administraciones.

Por último, el 11% de las ayudas se destinará a financiar 62 proyectos de implantación de Zona de Bajas Emisiones y 30 actuaciones complementarias para su puesta en marcha o refuerzo de las ya existentes. Hay que tener en cuenta que sólo los municipios de más de 50.000 habitantes podían solicitar financiación para este tipo de actuaciones ya que son los que deben tener este tipo de áreas habilitadas en 2023.

Distribución geográfica
El espíritu del programa del PRTR es impulsar una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud en las ciudades, por lo que dirige a aquellas que más problemas de calidad del aire concentran y que disponen de un servicio de transporte urbano. Así, el grueso de las ayudas se ha concentrado en las comunidades autónomas con grandes núcleos urbanos y una alta concentración de la población frente a regiones con poblaciones más dispersas y rurales y, por extensión, con menores problemas de congestión y emisiones.

Además, la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios con 50.000 o más habitantes y a las capitales de provincia a implantar zonas de bajas emisiones antes de 2023, un objetivo al que también se quiere colaborar con estos fondos, mientras que la Directiva de Vehículos Limpios prevé la necesidad de renovar las flotas de transporte público por vehículos de bajas o cero emisiones en los próximos años, objetivos ambos que se quieren contribuir a alcanzar con estos fondos.
Asimismo, hay que tener en cuenta que cada potencial beneficiario podía solicitar una cuantía máxima de ayudas en función de su población al fijarse un máximo por habitante (45 euros para la solicitud 1 y 30 euros para solicitud 2).