La denuncia, de 24 páginas, ha sido formulado contra España, que es el estado miembro que firmó el convenio, y es responsable de asegurar que todas las administraciones dentro de su territorio cumplan con todas las condiciones.

El motivo de la denuncia contra España

El origen de la denuncia se remonta al 9 de febrero de 2023, cuando Salvar La Tejita presentó en el Cabildo de Tenerife una solicitud de información pública, relativa al proyecto del Circuito del Motor, el cual requiere informe ambiental. La asociación también solicitó que se le concediera la condición de "Parte Interesada" para recibir futuras notificaciones. La solicitud fue enviada electrónicamente a la administración responsable.

El 24 de marzo de 2023 la asociación recibió una notificación del Cabildo (Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura) en la que se afirmaba que una de sus solicitudes había sido "aprobada", facilitando enlaces de Internet (dos de los cuales no funcionan) direccionados a información que ya había sido publicada. Esta información, pública, está incompleta, razón por la cual la asociación presentó inicialmente su solicitud.

La petición de informes técnicos específicos fue denegada porque, según la resolución de la administración, literalmente:

" ... el Circuito del motor tiene su origen en los años 90 y que son múltiples los informes obrantes en el expediente. Esta petición de documentación tan amplia conllevaría la paralización de la gestión administrativa diaria, originando un perjuicio del servicio ...".

La asociación considera que esta afirmación del Cabildo es extremadamente alarmante, ya que si estos documentos ambientales clave fueran de los años 90, es muy probable que no pueden ser válidos en 2023. Además, todos estos documentos de los años 90 que la administración afirma no poder encontrar sin provocar su supuesto colapso deben, por ley, incluirse dentro del expediente de licencia de obra de 2023.

Además, se denegó la solicitud de convertirse en "parte interesada".

En consecuencia, el 5 de abril de 2023, Salvar La Tejita presentó una queja oficial ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Canarias), organismo responsable de la transparencia y la adhesión al Convenio de Aarhus y sus principios en el territorio de las Islas Canarias.

El 12 de julio de 2023, apenas una semana después de la renovación del gobierno regional tras las elecciones autonómicas, la asociación recibió una notificación del Comisionado de Transparencia denegando su solicitud, y confirmando la decisión del Cabildo de denegar a la asociación el acceso a documentación ambiental clave relativa al proyecto. Lo cual supone una contradicción directa con una resolución que la misma institución tomó anteriormente en 2023, antes de las elecciones regionales, para un caso muy similar.

También hay que señalar que el 13 de abril de 2023, la asociación presentó una queja al Defensor del Pueblo (organismo estatal encargado de velar por que las administraciones actúen dentro de la legalidad española e internacional). Este organismo aceptó su petición el 26 de abril de 2023, y envió una comunicación al Cabildo de Tenerife en la misma fecha. Hasta la fecha de hoy, el caso no ha sido resuelto.

Conclusión

Las anteriores actuaciones por parte del Cabildo de Tenerife, y también de la Comisionada de Transparencia, son causa de una presunta comisión de 25 infracciones* contra el Convenio de Aarhus.

El Cabildo no sólo ha incumplido sus obligaciones legales en materia de transparencia, sino que ha tomado grandes medidas para impedir activamente que, al menos, una asociación reciba información medioambiental importante relacionada con el Circuito del Motor de Tenerife.

La asociación denuncia que una institución cuyo único fin es velar por el cumplimiento de las leyes de transparencia por parte de las administraciones públicas no puede adaptar sus criterios a las conveniencias del partido político de turno, sino que debe aplicar los criterios de acuerdo con los convenios internacionales, las directivas de la UE y las leyes estatales, sin excepciones.

El asunto se ha convertido en una materia internacional, y los responsables deben darse cuenta de que no pueden ignorar o manipular las leyes de transparencia, especialmente las de los convenios internacionales.

Acerca de la Convención de Aarhus

El Convenio de la CEPE sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido comúnmente como Convenio de Aarhus, se firmó el 25 de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus. Entró en vigor el 30 de octubre de 2001. Actualmente cuenta con 47 partes, integradas por 46 países (entre ellos España) y la Unión Europea.

La directiva comunitaria fue adaptada por la ley española (Ley 27/2006), y aunque las comunidades autónomas pueden aplicar su propia normativa en materia de transparencia, ésta debe ser complementaria de la estatal, y no puede anular ningún aspecto de la Ley 27/2006.

Las autoridades públicas están obligadas a permitir que el público en general y las ONG medioambientales participen de forma significativa en la toma de decisiones sobre proyectos que afecten al medio ambiente y planes y programas relacionados con el medio ambiente.

En cuanto a la integración de la Convención de Aarhus en las directivas europeas, la Directiva sobre el acceso a la información medioambiental (2003/4/CE) pretende garantizar que las autoridades pongan sistemáticamente a disposición del público la información medioambiental de forma activa o previa solicitud.