Economía/ Lo ha dicho Juantxo López de Uralde, el dirigente de Equo, en referencia al caso de las comisiones eólicas de Castilla y León, comunidad en la que una denuncia de la Agencia Tributaria ha desatado un escándalo relacionado con la concesión de permisos para construir 35 parques eólicos.

En el caso estaría implicado un alto cargo del gobierno castellano-leonés, Rafael Delgado, que podría haber estado cobrando comisiones por las concesiones administrativas de 35 parques eólicos. Las comisiones podrían haber alcanzado los 110 millones de euros, según la Agencia Tributaria.
"No hay que criminalizar la energía eólica, sino a los políticos corruptos"

Las energías renovables son una pieza clave en el cambio de modelo energético y se debería continuar apostando por ellas, según Juantxo López de Uralde: "no hay que criminalizar la energía eólica -ha dicho el dirigente de Equo-, sino a los políticos corruptos y a los empresarios que intentan comprarles". Así, Equo considera "inaceptable el tráfico de influencias, prevaricación y cohecho que parece estar detrás de la concesión de 35 parques eólicos en Castilla y León". En ese sentido, el partido de López de Uralde ha difundido hoy un comunicado en el que demanda a las autoridades competentes "la investigación inmediata de la concesión irregular de los 35 parques" con el fin de que se esclarezcan "las responsabilidades legales y [se proceda a] la devolución de las comisiones".

La sombra de Iberdrola
Equo también denuncia que, "durante los años en los que se ha producido esa connivencia del sector público y privado, la empresa Iberdrola, a través de sus filiales, solicitó numerosas nuevas instalaciones de parques eólicos, algunas de ellas con una fuerte oposición de grupos locales y ecologistas". Según el partido de Uralde, las autoridades de la Junta de Castilla y León permitieron a los solicitantes la comisión de "artimañas legales" -como el fraccionamiento de proyectos o la ubicación de nuevas instalaciones en zonas protegidas de la comunidad-, hecho que los ecologistas califican de "muy grave", y que entroncaría con otro igualmente escandaloso: "los mismos encargados de la concesión de autorizaciones parecen haber sido los favorecidos por los 110 millones de euros pagados por Iberdrola".

Hacienda ocultó el informe
Según los ecologistas, además, todo ello se produjo gracias a "la inestimable ayuda de la delegada de Hacienda Georgina Lastra, quién guardó el informe en un cajón durante varios meses, por lo que debería ser apartada del funcionariado público de forma inmediata", según ha reclamado Alejandro Martínez, de Equo Castilla y León. El partido ecologista solicita por todo ello "la dimisión de todos los responsables, incluyendo al responsable de los nombramientos, Juan Vicente Herrera [presidente de la Junta], quien otorgó su confianza en numerosas ocasiones a los imputados por este delito". Equo pide asimismo "una revisión de los proyectos solicitados que han de hacerse públicos y estudiar la legalidad de esas concesiones", ya que - afirma Martínez- "mucho nos tememos que han sido un coladero de irregularidades, incluso cuando las alegaciones presentadas advertían a la administración pública de esos fallos".

Canarias/ Los sindicatos canarios convocan a todos los trabajadores a manifestarse mañana 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en todas las islas, en defensa del derecho de huelga y la libertad sindical y un empleo digno.

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, Intersindical, Cobas y FSOC han hecho un llamamiento conjunto, en un momento en el que la unidad sindical es más necesaria que nunca debido a las amenazas que se ciernen sobre derechos sociales vigentes desde hace años, según han indicado durante una rueda de prensa.

El coordinador de la dirección provisional de Comisiones Obreras Canarias, Antonio Pérez, ha asegurado que se producen numerosas presiones por parte de los empresarios para "cercenar el derecho de huelga" de los trabajadores.

Prueba de ello es que hay unos 300 sindicalistas en toda España inmersos en procesos judiciales por participar en piquetes de huelga, "algo que no había sucedido desde el franquismo" y supone "una acción deliberada para amedrentar a los trabajadores", ha asegurado Pérez.

En el caso de Canarias, existe "una presión insoportable", como muestra que haya varios sindicalistas condenados a un año de prisión por participar en una acción de protesta, o que el Cabildo de Tenerife haya solicitado seis meses de prisión para varios bomberos por entrar en la corporación en lo que únicamente fue "un acto de presencia".

Asimismo, varios trabajadores de Hoteles Riu se enfrentan a una elevada demanda económica por parte de la empresa, debido a las pérdidas ocasionadas con motivo de una protesta laboral.

El representante de CCOO ha insistido en que se pretende limitar el derecho a la huelga de los trabajadores, lo que supondría un grave retroceso social, razón por la que el próximo 1 de mayo es necesario "manifestarse con fuerza".

Los sindicatos consideran que el ataque al derecho a la huelga se enmarca en una estrategia mayor que combina "una gestión de la crisis basada en el deterioro absoluto de las condiciones de vida, sociales y laborales de la mayoría de la población, con la criminalización de la protesta social".

Las manifestaciones servirán también para exigir un empleo digno, pues la mayoría de los nuevos contratos en Canarias son temporales y a tiempo parcial, ha indicado Pérez.

Asimismo, ha rebatido el optimismo de los empresarios de las islas y ha negado que la situación económica se haya recuperado, tal como aseguran, pues actualmente hay menos trabajo que hace unos años y el empleo es más precario.

Por su parte, el representante de Intersindical Canaria, René Beoteguy, ha denunciado "la prepotencia de los empresarios" y la parcialidad del Gobierno de Canarias, que los apoya.

Un caso significativo es el de la empresa Seguridad Integral Canaria, donde el comité de empresa y el de huelga fueron despedidos tras un paro de los trabajadores para exigir parte del salario que se les adeudaba.

En opinión de Beoteguy, el Estado actual es "más autoritario y represivo que nunca", situación que puede empeorar con la denominada Ley Mordaza.