Ante la noticia, la Federación quiere poner de manifiesto que la sentencia viene a confirmar una vez más que el Puerto de Granadilla, además de ser ilegal, no reportará ningún beneficio a la isla sino que, al contrario, traerá aparejado graves perjuicios ambientales, sociales y económicos (despilfarro de dinero público en una obra innecesaria y afección a otros sectores como el pesquero). Así lo ratifican multitud de sentencias legales, informes científicos, peritajes técnicos y estudios económicos llevados a cabo por instituciones y expertos.
Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción sabemos que la decisión del Tribunal Supremo llevará al Gobierno canario a alegar que "ya da igual lo que diga", porque el sebadal de Granadilla ya no está protegido por la ley. Es necesario recordar que, precisamente, la siguiente artimaña legal utilizada por el Gobierno de Canarias para saltarse la paralización de las obras fue la aprobación por ley de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas que, sin ningún rigor científico y sin participación ciudadana, rebajaba de categoría de protección a la seba como especie, dejándola a efectos prácticos desprotegida en casi todo el archipiélago. Una vez aprobado el nuevo Catálogo la estrategia del Gobierno de Canarias ha sido valerse de la política de hechos consumados, y comenzar la construcción del Puerto pese a no haberse levantado la suspensión cautelar. Desde la Federación Ecologista le pedimos al Gobierno de Canarias que cese de una vez en su empeño y le exigimos la paralización inmediata de las obras.
Para Ben Magec, la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto nuevamente la cantidad de chanchullos y artimañas que el Ejecutivo regional ha tenido que llevar a cabo para seguir adelante con el proyecto del puerto de Granadilla pese al amplio rechazo social que éste concita.
Con la sentencia del TS en la mano, Ben Magec- Ecologistas en Acción estudiará la situación y analizará posibles contestaciones en el ámbito jurídico y social a la vista de que el fallo ratifica que esas actuaciones son un disparate y, una vez más, vuelve a dar la razón a la Federación Ecologista y a la sentencia inicial.
