Según fuentes del sindicato, se han llevado a cabo múltiples gestiones oficiales para la recuperación de los derechos del profesorado interino de los Conservatorios: desde conversaciones con el Diputado del Común hasta el envío de documentos oficialmente registrados a Educación, desde el pasado mes de octubre hasta las últimas semanas de abril. "A la vista de la inacción de la Administración", lamenta Crespo, "nos vemos en la necesidad de denunciar públicamente esta injusticia y proteger al profesorado interino, incluso en los tribunales, si la vía del diálogo no fuera posible".
El sindicato expone, con datos en su poder, las listas en las que se hace imprescindible su apertura, ante la sucesiva contratación administrativa de nuevo personal docente: Piano, Pianista Acompañante, Lenguaje Musical, Guitarra Eléctrica, Guitarra, Fundamentos de Composición y Percusión. Además, la práctica totalidad de especialidades no cuenta con personal disponible, por lo que se deduce que, de darse una baja de los titulares, aumentarían todavía en mayor medida los contratos administrativos. "El personal que trabaja en estos centros ahora mismo", resume Crespo, "se reduce a unos pocos funcionarios que obtuvieron plaza hace más de 20 años y un 80% de interinos provenientes de las listas de 2003, 2004 y 2005, junto con la creciente ola de personal contratado administrativamente que, ejerciendo sus derechos en tribunales, se afianza por completo tras tres años trabajados y adelanta a estos interinos sin observar los principios constitucionales, simplemente seleccionados por los directores".
Por otra parte, ANPE Canarias rechaza que disminuyan los derechos del profesorado, al eliminar su posibilidad de obtener permisos de hasta cinco días al trimestre durante el curso para celebrar actuaciones artísticas y participar en conciertos, "como siempre se les había concedido hasta el día de hoy". El origen de esta reclamación se halla en la última reunión del Consejo Rector de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de Canarias, donde se advirtió de su desaparición, con el pretexto de la entrada en vigor de la Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Personal, por la que se regula el periodo vacacional y el régimen de permisos y licencias del personal docente no universitario al servicio de la Administración Educativa Canaria.
Como explica Crespo, "consideramos que no hay colisión entre esta norma y la vigente desde 2015 que les permitía este derecho, ya que incluso esta última convivía desde entonces con la anterior normativa de permisos, sin que existiera ningún problema en su aplicación, por lo que probablemente se trate de una interpretación legal errónea".
