En comparecencia parlamentaria a petición de José Miguel Barragán, del Grupo Parlamentario Nacionalista, el titular del Departamento explicó que se ha conseguido también la certificación de la legalidad de la realización de la pesquería de esta especie en Canarias durante su paso por el Archipiélago, aún cuando ésta se realiza durante el periodo de veda establecido por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para la pesca con cebo vivo, modalidad utilizada por los buques canarios.
"Tras cuatro años de aplicación del Plan Nacional de recuperación del Atún Rojo en el Atlántico Occidental y el Mediterráneo y de cara al próximo encuentro del ICCAT-previsto para noviembre del presente año y en la cual se prevé la revisión de las cuotas de esta especie asignadas a los estados miembros- se seguirá instando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a solucionar el resto de reivindicaciones expuestas por el Gobierno de Canarias y el sector pesquero de las Islas", señaló el responsable del Área.
Estas peticiones del Ejecutivo regional pasan por aumentar la cuota de capturas asignada al Archipiélago para esta pesquería del 1,21% actual al 7% e incluir a la flota canaria en un grupo independiente dentro del censo específico de la flota de pesca dirigida, debiendo además excluirla del grupo de flotas a las que se asigna la captura accesoria de la especie, exceptuándosele de los períodos de veda previstos para la categoría de pesca con cebo vivo.
Durante su intervención, Hernández hizo un repaso a la situación del sector pesquero en Canarias e indicó que las Islas se ha beneficiado de fondos públicos para la pesca por valor de más de 101,5 millones de euros para los 7 años que comprenden el periodo 2007-2013, distribuidos en 60.681.836,55 euros a través del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para financiación de proyectos relacionados con todos los sectores de la pesca y de la acuicultura, transformación y comercialización, entre otros, y 40,9 millones de euros a través del POSEI-Pesca, para compensar los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas.
El consejero manifestó su rechazo a la disminución en 308.532 euros de la ficha financiera para Canarias en el nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) como consecuencia de un redondeo que ha realizado la Comisión entre todas las regiones ultraperiféricas en el marco 2014-2020 y que figura en el Borrador de Reglamento de dicho programa.
"Ya expuse al Ministro Miguel Arias Cañete la necesidad de que el Gobierno de España defienda ante la Unión Europea la necesidad de un incremento que se adapte a la producción real comercializada y que atienda a las solicitudes de compensación presentadas por los agentes económicos", apuntó el miembro del Ejecutivo.
En este sentido Hernández aclaró que el ministro ha destacado en su propuesta de Estado que la cantidad asignada por la Comisión en el borrador del FEMP no permitirá mantener la competitividad de las Islas, ya que los costes de transporte que supone la insularidad son sensiblemente superiores a la cantidad asignada, tal y como se ha comprobado durante el actual periodo de programación.
"Miguel Arias Cañete ha defendido ante la Unión Europea que se asigne una cantidad anual a Canarias que permita garantizar la adecuada compensación de los costes de la insularidad, proponiendo duplicar la asignación para las Islas a 11,6 millones de euros anuales", comentó el titular de Agricultura.
En relación a los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con países terceros, el consejero indicó que con fecha 8 de mayo de 2012 se rubricó el "Acuerdo entre el reino de España y la república de Portugal para el ejercicio de la actividad de la flota de pesca artesanal de Canarias y de Madeira", estando pendiente su entrada en vigor de la ratificación del mismo por parte de las Cortes Generales.
Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se está trabajando para solicitar la aplicación provisional del mismo con carácter previo al trámite parlamentario de tal manera que pueda anticiparse su entrada en vigor. Este convenio pesquero, posibilitará faenar a buques atuneros Canarios en aguas de Madeira y a buques de captura de sable negro y atuneros madeirenses en aguas Canarias, estableciéndose como un intercambio de posibilidades de pesca entre ambas regiones.
El número de embarcaciones que pueden acogerse a dicho tratado es de 38 buques por cada parte contratante -38 buques atuneros Canarios y 20 buques palangreros de sable Negro y 18 buques atuneros de Madeira-, que deberán estar equipados con sistema de localización de buques y su ámbito de actuación se establece en las 12 millas.
Durante la sesión el responsable del Departamento se refirió también al Acuerdo Pesquero Unión Europea-Marruecos, cuya suspensión afecta negativamente al sector pesquero profesional de Canarias así como a las actividades económicas que se desarrollan en torno a la comercialización de las capturas que se obtienen en dicho caladero, al suponer las mismas más del 50% de las capturas totales comercializadas a través de los puntos de primera venta del Archipiélago.
Dicha suspensión implica el amarre de una flota compuesta por un total de 26 buques pesqueros que realizaba una actividad puramente artesanal mediante el uso de artes de pesca respetuosas con el ecosistema y el medio marino y supone la pérdida de más de 250 puestos de trabajos directos correspondientes a las tripulaciones de estas embarcaciones y unos 1.000 indirectos.
"Aunque parece que la renovación del convenio está en vías de solución, es importante recordar aquí que la no renovación del mismo implicaría una pérdida de ingresos brutos estimados para los armadores de unos 11,2 millones de euros anuales y supondría unas pérdidas de ingresos brutos estimados para las organizaciones productoras y agentes comercializadores de algo más de 18 millones de euros cada año", puntualizó Hernández.
"Si bien en la actualidad tanto los armadores como tripulantes afectados por la suspensión del tratado están percibiendo ayudas económicas, instamos desde el Gobierno de Canarias a que por parte de la Unión Europea se impulsen las negociaciones conducentes al establecimiento de un nuevo acuerdo pesquero con el Reino de Marruecos a la mayor brevedad posible", añadió.
En cuanto al Acuerdo Pesquero UE-Mauritania el consejero explicó que desde un punto de vista estrictamente pesquero, la flota afectada por el nuevo pacto con el país africano sería básicamente la flota cefalopodera canaria con puerto base en el Puerto de La Luz y Las Palmas y la flota de pesca pelágica congelada que utiliza dicha infraestructura como puerto base de sus operaciones.
La importancia de mantener activa dicha flota, como mínimo con un status similar al que tiene en el convenio actualmente en vigor, es fundamental si se tiene en cuenta la importancia de la misma respecto a los volúmenes de descarga que producen en el Puerto de La Luz y Las Palmas –en torno a las 170.000 Toneladas/año-, así como la actividad económica que genera en torno a las empresas que desarrollan actividades complementarias radicadas en dicho puerto, y que se estima, según datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en casi 22 millones de euros.
La obligatoriedad de descargar en puertos mauritanos, de llevarse a cabo, implicaría la pérdida de incentivos fiscales que podrían suponer un incremento del 25% en los costes que deberán soportar los armadores en el pago de las licencias de pesca a abonar a las autoridades mauritanas. En principio, y teniendo en cuenta lo indicado en las actas de las cinco rondas negociadoras realizadas hasta el momento, esta medida sólo afectaría a la flota cefalopodera canaria, englobada dentro del grupo de los demersales.
La reducción o la exclusión de la misma del nuevo acuerdo implicaría el desguace de parte o de la totalidad de la flota compuesta por 18 buques con puerto base en Canarias.
Esa reducción o imposibilidad de faenar en el caladero mauritano, se vería reflejada en la pérdida de economías tanto para la Autoridad Portuaria de Las Palmas como para las empresas que realizan actividades complementarias que están radicadas en el Puerto de La Luz y Las Palmas, y conduciría posiblemente a la desaparición de parte o la totalidad de la misma.
Sector pesquero canario
El sector pesquero en Canarias es una actividad económica que abarca un conjunto de actividades íntimamente relacionadas entre sí, basadas en el aprovechamiento de los recursos marinos vivos. Engloba a la pesca extractiva, la transformación y comercialización de los productos pesqueros, la construcción naval, la industria auxiliar y los servicios complementarios relacionados, que conforman un conjunto económico y social inseparable.
La flota pesquera profesional censada y con puerto base en Canarias, se compone de un total de 794 embarcaciones, de las cuales casi el 93% de las mismas se dedican a la pesca costera artesanal en la modalidad de artes menores, flota con escasa autonomía que las condiciona a una actividad cercana a la costa fundamentada en mareas cortas diarias, que limita su ámbito de actuación a las aguas del caladero canario y en menor media a los caladeros de Marruecos y de aguas portuguesas de los archipiélagos de Azores y Madeira, estos dos últimos previo acceso a licencias limitadas incluidas en acuerdos bilaterales entre la UE y España con Marruecos y Portugal, siempre que se encuentren en vigor.
El 7% restante de la flota pesquera profesional con puerto base en Canarias, la constituyen básicamente buques arrastreros con actividad pesquera en aguas internacionales y países terceros, sujetos a acuerdo bilaterales entre la UE y países como Mauritania.
Esta pesca artesanal ocupa a unos 1.500 marineros y armadores actualmente de alta en el Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social, agrupados en 26 cofradías, 3 cooperativas, 2 Federaciones provinciales y 2 organizaciones de productores, distribuidas por todo el Archipiélago.
En la actualidad en la Comunidad Autónoma de Canarias existen 31 entidades con la autorización administrativa para actuar como puntos de primera venta de productos pesqueros frescos o lonjas. Asimismo han sido autorizados 17 puntos de primera venta para productos pesqueros congelados, distribuidos por todo el territorio regional.
En el periodo comprendido entre 2005 y 2011, las Cofradías, sus Federaciones y las Cooperativas del Mar en las Islas, han recibido subvenciones por los conceptos de ayudas a gastos corrientes y equipamientos, por un montante total de 4,4 millones de euros. En el presente ejercicio 2012 se han convocado las ayudas por un total de 699.278 euros, dirigidas a estos fines.
En el Archipiélago, la producción de pesca en fresco -pesca extractiva-, representa casi el 60% del total de la producción de la pesca en las Islas, si la comparamos con la producción de pesca congelada y la producción de pesca en cautividad –acuicultura-, suponiendo unas capturas de 10,6 millones de kilos de pescado durante el año 2011.
El valor de mercado de la producción de la pesca en Canarias en el año 2011 ha supuesto casi 47 millones de euros en su conjunto, divididos en 15,4 millones para la pesca fresca; 3,5 millones de euros para la congelada y 28 millones de euros para la acuicultura.
En materia de Inspección Pesquera: el número total de intervenciones realizadas en las Islas durante el año 2011 que han generado actas de denuncia y posteriormente expedientes sancionadores, alcanza los 661, la mayor parte ellos por la realización de prácticas ilegales o furtivas de naturaleza pesquera, marisquera o comercializadoras de productos pesqueros.
El Servicio de Inspección Pesquera de la Viceconsejería de Pesca y Aguas desarrolla las labores de inspección con un total de 17 efectivos a nivel regional, a los que se suman los efectivos estatales de la Guardia Civil (S) y otros cuerpos de seguridad como la Policía Canaria y la Policía Local, así como los efectivos de que disponen los distintos Cabildos Insulares destinados a labores de protección de los recursos naturales.
