Esta ayuda es fruto de la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2017, y está siendo transferida en estos días a la Comunidad Autónoma, por lo que ante la cercanía del final de año deberá ser gestionada durante el primer trimestre de 2018. El objetivo es abaratar para el agricultor el precio final del agua de riego, en términos de coste energético, elevada desde pozos o producida en las plantas potabilizadoras, impulsando la eficacia y eficiencia en todo el proceso y los beneficiarios son entidades locales y privadas, aunque "la subvención tiene que repercutir en los consumidores finales, es decir en los agricultores", tal y como dice textualmente la propuesta de gestión de estos créditos.

El objetivo de la Consejería, ha indicado el director general de Agricultura, César Martín, es que la totalidad de los 6 millones destinados a esta línea de ayudas "sea repartida, por lo que se ha incluido en la propuesta que si en algún grupos no se agota en su totalidad, la cantidad restante será destinada a aumentar el resto de los grupos".

El Real Decreto que concede esta ayuda fue publicado en el Boletín Oficial del Estado hace doce días y explica que los destinatarios de estas ayudas serán entidades públicas o privadas que suministren agua para riego agrícola procedente de pozos o desalación. Así, optarán a las subvenciones entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas o concesionarias, comunidades de regantes y usuarios, etcétera.

Cabe recordar que en la actualidad el Gobierno de Canarias tiene en marcha en diferentes fases de tramitación un total de 25 proyectos de obras de regadíos con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) por importe de más de 30 millones de euros.