La aportación estatal a las ayudas directas a los agricultores y ganaderos de las Islas, que beneficiará a unos 4.800 productores y productoras y complementa a la que llega de fondos europeos, supone junto a la del año anterior la recuperación de unos pagos que fueron interrumpidos en 2011 por parte del Estado por la situación económica que atravesaba el país, pagos que fueron asumidos por el Gobierno de Canarias que los ha puesto al día durante este mandato.
Narvay Quintero ha manifestado su satisfacción porque el POSEI adicional forma parte ya de la agenda canaria en Madrid, "ya que se trata de unos ingresos que esperaban los agricultores y ganaderos de las Islas y que en años anteriores no llegaron, poniendo en serias dificultades sus empresas". Canarias asumió el coste de estas ayudas y desde 2015 ha convocado y abonado con fondos propios los correspondientes a los años 2013 y 2014 (por importe total de 12 millones), 2015 (6,9 millones) y 2016 (7,39 millones), mientras que ha convocado ya 6,8 millones correspondientes a 2011, que se abonarán entre los meses de septiembre y octubre de este año, y en las próximas semanas se convocará el año 2017.
Posición común de las CC.AA. frente a la propuesta de recortes
Además de otros asuntos vinculados a la gestión de ayudas, las Comunidades Autónomas han firmado un documento inicial, que será trabajado en las próximas semanas, de rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de reducir la financiación de la Política Agraria Común (PAC) después de 2020. Esta propuesta supondría una merma de ingresos para Canarias de un 3,9% en el caso del POSEI y de entre un 15 y un 19% en el caso de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias.
La propuesta de las CC.AA. incluye un apartado específico dedicado a las RUP para las que se pide mantener el POSEI actual, ya que hacen frente a "al doble desafío adicional de la lejanía y la insularidad". El documento tiene como objetivo "establecer el marco en el que debe definirse la posición española en esta primera fase que ahora da comienzo, que se corresponde con la negociación del contenido de las propuestas legales presentadas por la Comisión y que se prolongará durante los próximos meses previsiblemente hasta mediados de 2019".
Así, las Comunidades Autónomas piden que la PAC para el periodo 2021-2027 "debe, al menos, mantener el volumen económico de apoyo con el que cuenta hasta ahora en el presupuesto comunitario para la Unión Europea a 27, con una financiación al 100 % comunitaria de las medidas de apoyo del Primer Pilar de la PAC y manteniendo las tasas de cofinanciación que se han aplicado hasta el momento en el Segundo Pilar".
