El procedimiento se justifica ante la necesidad de obtener la autorización del Consejo Europeo para prolongar la vigencia del AIEM antes del 31 de diciembre de este año, previa comunicación al Gobierno de España y la consiguiente negociación con la Comisión Europea. El nuevo plazo abarcará el septenio 2021-2027.
La propuesta cuenta con el respaldo de las principales organizaciones de productores agrarios, ganaderos e industriales de Canarias, con quienes el Gobierno de Canarias ha venido negociando en los últimos meses junto a otras entidades sectoriales.
Fruto de ese proceso participativo y de las reuniones interdepartamentales del propio Ejecutivo canario, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha elaborado una propuesta que incluye 156 productos, 22 más que en la actualidad. De ese listado, 42 productos son nuevos, mientras que decaen 20 de la nómina vigente.
De manera desagregada, el nuevo AIEM gravará la importación 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 4, de minas y canteras; 13, de materiales de construcción; 34, de química; 12, de industrias metálicas; 1 de tabaco; 3, de textil, cuero y calzado; 6, de transformados de papel, y 3 de artes gráficas.
La propuesta mantiene inalterados los tres tramos impositivos actuales (5, 10 y 15 por ciento), que en última instancia son los instrumentos que permiten la protección del sector primario y la industria locales frente a las importaciones de terceros.
Más necesario aún en tiempos de la COVID
En este sentido, el Ejecutivo considera "indiscutible" la necesidad de un tributo de estas características, concebido para compensar las desventajas estructurales del Archipiélago con el continente y que ha autorizado la propia Unión Europea.
Más aún, dadas las actuales circunstancias y la inminencia de una crisis extremadamente profunda, en la que Canarias precisará de todos los instrumentos a su alcance para dinamizar su economía e ir reduciendo su dependencia del exterior.
La crisis asociada a la pandemia ha puesto claramente de manifiesto la importancia fundamental de mantener y potenciar el sector primario y el sector industrial en Canarias, como garantía de un cierto grado de soberanía alimentaria y capacidad de autoabastecimiento.
La producción local de tipo industrial, agroganadera y de alimentación necesita protección a través del AIEM para poder competir en mejores condiciones con los productos competidores importados a muy bajo coste, una imposición que no influye en el precio de la cesta de la compra en las Islas.
Precisamente, el estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo e incluido en la propuesta aprobada hoy concluye que el IPC canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la UE el AIEM, en el año 2002.
Y si bien el objeto del arbitrio es encarecer el precio del producto importado que compite con el local, los factores que determinan el incremento de los precios son varios, y siempre el más importante es la competencia en el mercado.
En este sentido, los precios están mucho más condicionados por factores como la escasez en la oferta de un producto; el incremento temporal de la demanda (como sucede en determinadas épocas del año, como Navidad); el monopolio de un producto de determinado distribuidor, o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir.
