De ello se derivó la propuesta de inicio de 27 expedientes sancionadores. La campaña se inició el 26 de noviembre y concluyó el pasado 5 de enero y su objetivo fue la inspección del etiquetado y la información que acompaña a los productos para verificar que cumplían la normativa vigente y las exigencias de seguridad establecidas.

El director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, destacó la importancia de llevar a cabo este tipo de campañas de inspección, especialmente en aquellos productos que van destinados específicamente a la población infantil. "Nos hemos centrado en los productos destinados a niños y niñas menores de tres años porque entendemos que son un colectivo especialmente vulnerable y para el que un incumplimiento en materia de seguridad puede resultar muy grave", señaló Matos.

Las principales irregularidades detectadas fueron relativas a las advertencias, al no llevar las correspondientes a seguridad escritas en el idioma oficial, no mostrarse de forma visible y legible, no constar en el juguete etiquetas, embalajes o instrucciones o no ir acompañadas las advertencias de la palabra que las identifica.

Respecto al etiquetado, los incumplimientos más frecuentes estuvieron relacionados con la ausencia del nombre, marca o domicilio del fabricante o del importador. Solo en un 2,3% de los casos se detectó que el juguete no contenía la obligatoria identificación europea CE.

Gustavo Matos insistió en que "los comerciantes, los fabricantes y los importadores deben cumplir todas y cada una de las exigencias de etiquetado y seguridad, pero también los consumidores deben conocer la normativa, en este caso, de los juguetes que se destinan a los niños y niñas, y demandar su cumplimiento".

La campaña emprendida se centró en establecimientos que no se dedican específicamente a la venta de juguetes y para la inspección se escogieron, preferentemente, productos de importación no pertenecientes a la Unión Europea.