Margarita Ramos contestó de esta manera a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre las repercusiones que tendrá este impuesto y consideró que si bien tendrá algún efecto sobre la cuenta de resultados de las empresas que deben abonarlo, también lo tendrá sobre el conjunto de la sociedad, en cuyo beneficio se ha articulado esta medida. En cualquier caso, la consejera aseguró que la repercusión del Impuesto "siempre será más reducida que las que se derivan de los recortes generalizados en servicios públicos tan esenciales como las políticas activas de empleo o la importante subida del IVA en productos básicos, con repercusión directa sobre la economías de familias y empresas". Ramos recordó que el Gobierno central ha aplicado "una durísima política de recortes generalizados en todas las áreas, que han dejado a las comunidades autónomas en una situación muy complicada, al reducirles drásticamente la aportación estatal". Es el caso del importante recorte de la dotación presupuestaria para la gestión de las políticas de empleo, que se ha reducido en 170 millones de euros.
Sobre la legalidad de la aplicación de esta medida, la consejera de Empleo recordó que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia, hecha pública el pasado 19 de junio, por la que declara constitucional el impuesto sobre las grandes superficies comerciales de Cataluña sobre el que el Gobierno de José María Aznar interpuso un recurso en 2001. El Parlamento catalán aprobó en el año 2000 un impuesto para gravar a las grandes superficies comerciales en favor del comercio urbano. A juicio de Margarita Ramos, dicha sentencia supone un respaldo al impuesto implantado en el Archipiélago desde el pasado día 1 de julio.
La consejera explicó también que la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, por la que se regula el Impuesto, establece reducciones en la cuota tributaria íntegra a algunos tipos de establecimientos, concretamente, a los dedicados a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales, a viveros para jardinería y cultivos, y aquellos cuya actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación. En estos casos, la cuota tributaria íntegra se reduce un 50%, mientras que a los establecimientos dedicados a la venta exclusiva de vehículos automóviles, en salas de exposiciones de concesionarios y talleres de reparación se les aplica un 90%.
Margarita Ramos señaló, además, que dicha Ley establece también la posibilidad de acceder a una deducción de la cuota por inversiones relacionadas con la protección medioambiental. "Se podrá deducir el 60% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones que efectivamente haya realizado la empresa durante el período impositivo en bienes o derechos del inmovilizado material o intangible, situados o destinados dentro del ámbito territorial del impuesto, que se dirijan a adoptar medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias", dijo la consejera.
