Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsora del Proyecto de Ley que se debatió y mejoró en el Parlamento de Canarias, redactó una lista de evaluación, en la que se analizó el impacto normativo y financiero de la nueva ley, así como el impacto de género y empresarial.
Asimismo, para su redacción se dio trámite de audiencia a las cuatro Cámaras de Comercio de las Islas, a las entidades y organizaciones representativas de los sectores afectados y a todos los departamentos del Gobierno de Canarias, e incluye los informes emitidos por la Presidencia del Gobierno, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, la Consejería de Educación y Universidades, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Instituto Canario de Estadística.
La tramitación de esta Ley obligó también a la emisión de informes por la Dirección General de Comercio y Consumo, de valoración sobre las observaciones realizadas respecto del anteproyecto de ley; de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, del Consejo Económico y Social de Canarias, y del Consejo Consultivo de Canarias.
Con el nuevo documento normativo, el Gobierno de Canarias quiere que las Cámaras formen parte de la estrategia operativa que pretende llevar a las empresas canarias a una mayor internacionalización, a una adaptación a la globalización, que ya es un hecho.
El Ejecutivo autonómico aporta financiación a las Cámaras de Comercio de las Islas Canarias para la realización de determinadas actuaciones de fomento empresarial y empleo. Programas de tutorización y apoyo a empresas de nueva creación y la ventanilla única empresarial, entre otras
La ley consta de treinta y siete artículos que se estructuran en ocho capítulos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales. En esta normativa permanece la consideración de las cámaras como corporaciones de derecho público, bajo la tutela de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero se les añaden nuevas funciones de conformidad con las competencias recogidas por la ley básica estatal.
