Sin embargo, la presidenta de BPW Canarias, Antonia Varela destaca que "solo 1 de cada 5 puestos directivos son ocupados por mujeres, actualmente, las tasas en estos puestos de mando son muy bajas, un 6% de mujeres son consejeras delegadas y tan solo un 7% ejercen como presidentas de consejos administrativos, lo que demuestra que todavía hay mucho trabajo por delante".
El "techo de cristal" se evidencia en que, mientras el 75% de las excedencias por cuidado familiar fue solicitada por mujeres en 2021, la presencia femenina en altos cargos es muy limitada, siendo sólo una de cada cinco direcciones en empresas internacionales ocupada por mujeres. Estas cifras no solo representan diferencias cuantitativas, sino que evidencian barreras estructurales que impactan negativamente en la trayectoria profesional de las mujeres y, por ende, en sus futuras prestaciones sociales.
La desigualdad se manifiesta de forma diferenciada según la modalidad laboral. En jornadas a tiempo completo, la brecha se ha reducido hasta el 5,83%, mientras que en jornadas a tiempo parcial se sitúa en el 10,07%. Asimismo, los contratos indefinidos han mostrado una mejora, descendiendo la brecha de 19,92% en 2021 a 19,11% en 2022, lo que evidencia que la estabilidad laboral contribuye a una mayor equidad retributiva. El análisis por grupos de edad revela diferencias notables: la brecha es del 28,57% en personas de 65 años o más y del 28,64% en menores de 20 años, en contraste con un rango de entre el 9,81% y el 12,93% en el grupo de 25 a 34 años.
Para la presidenta de BPW Canarias, Antonia Varela, "las cifras indican que las mujeres siguen ganando de media menos por hora, realizan una mayor cantidad de trabajo no remunerado y acumulan menos horas remuneradas. Además, tienen más contratos a tiempo parcial y presentan mayores probabilidades de desempleo que los hombres. El sistema de protección social, basado en el trabajo efectivo, contribuye a que, en consecuencia, disfruten de una menor cobertura. En definitiva, la brecha salarial no se limita únicamente a una diferencia en los sueldos, sino que se proyecta hacia una desigualdad integral en las rentas a lo largo de la vida".
La disparidad se extiende a nivel geográfico y sectorial. En el ámbito interregional, Canarias destaca por tener una brecha retributiva relativamente baja del 4,30%, en comparación con otras comunidades que pueden alcanzar hasta el 20,14%. En cuanto al sector, la diferencia es del 8,4% en el sector público y del 13,4% en el privado, lo que indica una mayor desigualdad en el ámbito privado. Esta situación se refleja también en el sistema de pensiones: la pensión media de los hombres es de 1.577 € frente a 1.076 € de las mujeres, lo que supone una brecha del 31,77%. Este desfase es aún más pronunciado en el Régimen Especial de Trabajadores/as del Mar, donde la diferencia alcanza el 45,59%, frente al 28,33% en el Régimen General.
BPW Canarias y FECAM
El año pasado, BPW Canarias y FECAM se unieron para firmar un manifiesto en el marco de la iniciativa Equal Pay, denunciando que las mujeres en España deben trabajar 34 días extra sin recibir una remuneración equitativa. A pesar de obtener mejores resultados académicos y representar la mayoría en la universidad, el salario de las mujeres sigue siendo inferior al de los hombres. Factores como la temporalidad, la parcialidad en la contratación, la precariedad en sectores dominados por mujeres y la infravaloración de competencias tradicionalmente asociadas a lo femenino, junto con la persistencia del "techo de cristal" y la sobrecarga de cuidados familiares, generan una doble discriminación que afecta tanto las cotizaciones como las prestaciones en desempleo y jubilación.
Ante este panorama, diversas iniciativas –como el Registro Retributivo, la Valoración de Puestos de Trabajo y la Auditoría Retributiva con Perspectiva de Género– han sido impulsadas por el Instituto de las Mujeres y otras organizaciones para garantizar el principio de "igual salario por trabajo de igual valor". El compromiso de BPW Canarias, FECAM y otros actores clave apunta a transformar el mercado laboral, promoviendo la conciliación entre la vida personal y profesional y asegurando el acceso de las mujeres a puestos de decisión.