El Ejecutivo canario afirma en un comunicado que "ha sido receptivo a los criterios de las organizaciones sindicales en las cuestiones que mejoraban la redacción inicial de los artículos relativos a condiciones laborales de los empleados públicos, y que no ponían en riesgo el objetivo básico que persigue este texto legislativo: el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".
La tercera reunión de la Mesa General, convocada esta mañana, tenía como objetivo analizar con las organizaciones sindicales los cambios introducidos al texto inicial en las medidas relativas a la gestión de personal. Estas modificaciones recogen parte de las propuestas, sugerencias y opiniones que los sindicatos habían trasladado al Gobierno canario en las dos reuniones de la Mesa General celebradas con anterioridad, y en la reunión informativa del 18 de abril.
El Ejecutivo regional también "consideraba relevante contar con el parecer de las organizaciones sindicales para establecer el sistema de aplicación de la reducción salarial del cinco por ciento previsto en el texto legislativo, de la forma menos perjudicial para los empleados públicos". Siendo este otro de los puntos que ha quedado sobre la mesa tras la ruptura de las negociaciones declarada por los representantes sindicales.
El Gobierno explica que la reducción salarial general del cinco por ciento para todos los empleados públicos de la comunidad autónoma tiene un doble objetivo: "mantener el empleo público en la comunidad autónoma de Canarias y reducir el impacto de los recortes en la prestación de servicios públicos esenciales para los ciudadanos, ya que en estos servicios, el capital humano resulta básico para mantener la calidad de la atención que finalmente reciben los canarios (sanidad, educación, servicios sociales, etc)".
El Gobierno de Canarias asegura que "se ha mostrado en todo momento abierto a negociar con los representantes de los trabajadores públicos sobre los artículos del anteproyecto que afectan a las condiciones laborales". De hecho, el Ejecutivo ha sido "receptivo" con las sugerencias de los representantes sindicales, aportadas en las dos reuniones mantenidas con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General, celebradas el 7 de marzo y 20 de abril, y la de carácter informativo, celebrada el 18 de abril, "incorporando mejoras en el texto elevado al Consejo Consultivo".
Ante las peticiones sindicales, el Gobierno canario dice que "ha aceptado flexibilizar las condiciones propuestas en la primera redacción del anteproyecto de ley, como por ejemplo con la retirada de la propuesta de jubilación forzosa para el personal laboral; la reducción de complementos para el personal laboral informático; o la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de racionalización y distribución de empleados públicos, entre otras".
El Gobierno canario finaliza declarando que "mantiene su voluntad de diálogo con los representantes de los empleados públicos y expresa su disposición a retomar las negociaciones en el momento en el que las organizaciones sindicales se replanteen su posición de ruptura".
