Ramos ha explicado en un comunicado que la Consejería ha previsto una partida presupuestaria de 17 millones de euros "para difundir y poner en práctica los programas de formación dirigidos a desempleados".
"Pretendemos que estos proyectos sean eficientes y lleguen al mayor número de personas, garantizando siempre la calidad de oferta formativa y la ejecución de los planes de formación", ha subrayado.
En este punto, la responsable de Empleo ha indicado que la previsión inicial estima que la oferta formativa para el presente año alcance a 8.000 desempleados, pero ha añadido que la teleformación permitirá aumentar de una manera significativa el número de beneficiados.
Asimismo ha avanzado que su Departamento está poniendo en marcha otras iniciativas como el Proyecto Kataliza dirigido a empleados universitarios en colaboración con las dos universidades públicas del Archipiélago.
Ramos también ha informado de que la Consejería, en coordinación con otros departamentos del Gobierno, está realizando esfuerzos para agilizar el pago a las entidades colaboradoras en materia de formación correspondiente a las iniciativas ejecutadas durante el pasado ejercicio.
La consejera ha trasladado además a los presentes en la reunión los borradores del Real Decreto por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 34/2008 por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. Se trata de consensuar una propuesta para elevar al Ministerio de Educación.
"La reunión de este viernes es una oportunidad para hacer aportaciones y trasladarlas al Ministerio. Los interlocutores sociales, las entidades colaboradoras en materia de formación, la Dirección general de Formación Profesional y la Consejería de Empleo podremos hacer un paquete propuestas para perfeccionar los reales decretos y que se adapten a las necesidades de Canarias", ha señalado.
Ambos textos tratan de adaptar la normativa a la última reforma laboral y, en este sentido, tratan de poner las bases para la implantación progresiva de la formación profesional dual, entendida como la combinación de la actividad retribuida por el desempeño de un puesto de trabajo con la formación del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo en tanto en cuanto que va dirigida a personas sin cualificación.
Asimismo se aborda la nueva regulación de los certificados de profesionalidad.
