CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha tachado de provocación las declaraciones del Ministerio del Interior en el pasado Consejo de Ministros en el que señalaba la necesidad de adoptar las "medidas oportunas" para garantizar las obligaciones de Correos en la campaña electoral ante la "circunstancia excepcional" de huelga general que el sindicato, junto a UGT, CSI•F y Sindicato Libre, con lo que tiene el 80% de la representación sindical, ha convocado para los días 4 de mayo, 14 en Madrid, 15 en el resto de España y 22 en el resto del Estado, además de 3 paros parciales previos a la huelga general (30 de abril, 13 en Madrid, 14 en resto de España y 21 de mayo en el resto del estado).
El sindicato ha tachado de amenaza velada y de intento de amedrentar a los trabajadores/as de Correos, tono que podría sonar a otra época, de militarización. CCOO quiere enfatizar que el derecho de huelga, la garantía de los ciudadanos para ejercer su derecho a votar y el cumplimiento de las obligaciones de Correos en la campaña electoral son plenamente compatibles y conciliables en el marco de la legalidad. Asimismo, ha señalado que acometerá cualquier acción judicial ante el intento de quebrantar el derecho constitucional de huelga.
CCOO acusa al gobierno y a los directivos de Correos de ineficacia en la gestión de la negociación de la regulación laboral tras más de año y medio de bloqueo sin haber puesto una sola propuesta en la Mesa.
Para CCOO es una lástima que la mayor empresa pública de este país, con la negociación colectiva de los 52.000 trabajadores/as bloqueada desde hace más de año y medio, por la ineficacia de SEPI y Correos, y a pesar de los intentos de las organizaciones sindicales para desbloquearlo sin que haya habido ni propuestas serias ni reales, tenga que saltar a los medios de comunicación cuando se está defendiendo los derechos de la plantilla que lleva un recorte de 15.500 puestos en los últimos cinco años.
El sindicato advierte que no van a acallar ni silenciar la respuesta laboral cuya salida pasa por frenar el recorte de empleo y una asegurar una regulación laboral que reconozca el esfuerzo realizado por los trabajadores/as en materia salarial, de empleo y derechos.
