La vicepresidenta explicó que los detalles de esta edición se perfilarán con los ayuntamientos, a través de la Fecam con la que se reunirá próximamente. Además, la selección estará supeditada a un programa formativo. "Estos planes, -aseveró- además de ser una medida de urgencia social, hacen que las familias puedan respirar por un tiempo, y que algunos de sus miembros puedan dedicarse a formarse y no estén obligados a trabajar en lo que sea, en condiciones injustas".
Hernández aludió a las dificultades añadidas que el Estado ha impuesto a Canarias en los últimos años en materia de empleo recortando fondos, dejando sin dotación el PIEC, y retrasando el ingreso de transferencias. "Lo poco que recibimos nos cuesta mucho cobrarlo" manifestó, y recordó que "a estas alturas del año aun se le debe a Canarias 93 millones de euros de la Conferencia Sectorial de Empleo y en cuanto lo abonen podríamos destinar una partida adicional de 3,5 millones de euros a los municipios que mayor desempleo presentan".
La vicepresidenta se refirió también a la dificultad añadida que ha supuesto para las condiciones del mercado laboral canario la reforma laboral y las restricciones en derechos para el cobro de las prestaciones por desempleo, "lo que ha generado un porcentaje mayoritario de población que no perciba ningún ingreso".
"El Gobierno central se desentiende de las personas que menos tienen, lo que ha debido ser compensado con otros instrumentos de apoyo autonómicos a las familias, como la Prestación Canaria de Inserción, cuyo presupuesto se incrementa notablemente".
Hernández aseguró que desde su área se han elaborado unos presupuestos para el 2016 en el que crecen las partidas "destinadas a las personas".
"En concreto -precisó- mejoran los programas destinados a la inclusión que ascienden en más de 25 millones de euros, en lo referido a la inserción y reinserción de personas sin empleo, lo que supone casi un 28% más, y en 6,7 millones de euros, los destinados a las personas con especiales dificultades".