La intención, explica el consejero José Miguel Barragán, es negociarlo con los sindicatos a lo largo del último trimestre para poder aprobarlo en Consejo de Gobierno este mismo año. El Plan de Estabilización definirá cuestiones tales como qué plazas concretas se ofertarán, en qué plazos, qué procesos de selección se emplearán y los requisitos para participar, entre otros aspectos. En cualquier caso, el Gobierno es consciente de que se trata de un proceso complejo, ambicioso y necesario donde se debe encontrar un punto intermedio entre los intereses legítimos en juego, que son el de la ciudadanía de acceder en condiciones de igualdad al empleo público, el del personal temporal de estabilizar su vínculo con la Administración, y el interés general de la Administración de contar un empleo de calidad y estable.
La ejecución del plan está prevista a partir del próximo año mediante la aprobación de una o varias ofertas de empleo público complementarias en las que se ofertarían parte de las plazas susceptibles de estabilización para su cobertura definitiva por personal funcionario de carrera o laboral fijo según corresponda en cada caso.
Así pues, entre 2018 y 2019 se publicarán una o varias ofertas de empleo público adicionales cuya ejecución se extenderá en los tres años siguientes. Por tanto, las ofertas que en su caso se publiquen en 2018 deberán ejecutarse en los tres años siguientes (hasta 2021) y las de 2019, en su caso, hasta 2022. El objetivo es que, tras su ejecución, la tasa de temporalidad en la Administración en los sectores implicados sea inferior al 8%.
Este proceso de estabilización del empleo temporal alcanza sectores muy distintos como Educación y Sanidad, por lo que no se descarta que el plan no sea único para toda la Administración, sino que se aprueben planes sectoriales de estabilización.
Como se recordará, el 22 de junio de 2017, tras la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se celebró en Madrid una Jornada Técnica de la Comisión Estatal de Coordinación de Empleo Público en la que se sentaron las bases de actuación dirigidas a poner en marcha un proceso de elaboración, negociación colectiva y aprobación de los planes de estabilización de empleo temporal que podrían poner en marcha las Administraciones Públicas en el período 2017 – 2019 con la finalidad de reducir hasta en un 90% la tasa de temporalidad de la Administración en determinados sectores estratégicos, entre los que se encuentran el servicio público educativo, sanitario, servicios sociales y gestión tributaria, entre otros.
La Dirección General de Función Pública trasladó las conclusiones de esa reunión a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos en su sesión celebrada el día 13 de julio de 2017. Está pendiente una segunda reunión de coordinación con el Estado y las demás comunidades autónomas que, en principio, se preveía para julio, pero que finalmente se ha postergado a septiembre sin fecha aún señalada.