Esta partida extra está destinada a compensar la insularidad y lejanía del Archipiélago y permitirá reforzar los programas que actualmente impulsa el Servicio Canario de Empleo (SCE) para favorecer la inserción laboral de las personas con mayores dificultades, como el Plan de Empleo Social, e impulsar otros programas nuevos que favorezcan la empleabilidad en líneas generales.
La ejecución del PIEC 2017, cuya financiación adicional no llegaba a Canarias desde el año 2013, cuando el Estado destinó a al Archipiélago 10 millones de euros, conllevará un gran esfuerzo de gestión por parte del Gobierno de Canarias para compensar la demora en su aprobación y firma en el último trimestre del año, pero permitirá consolidar el Plan y normalizar sus acciones de cara al próximo año 2018.
Las acciones que impulsará el SCE permitirán desarrollar intervenciones previstas por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que dirige Cristina Valido, como las de coordinación con los servicios sociales de las distintas administraciones públicas de Canarias para lograr la efectiva transición de colectivos especialmente vulnerables al mercado de trabajo.
En líneas generales, esta financiación adicional irá dirigida a favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas residentes en Canarias y a mejorar la tasa de empleo. Además, permitirá mejorar la adaptación de trabajadores, ocupados y desempleados, y su cualificación profesional, a las necesidades del mercado laboral; facilitar la readaptación y el tránsito de desempleados hacia nuevos sectores de empleo; reducir la tasa de desempleo juvenil y de los parados de larga duración; incrementar la tasa de empleo femenina y la integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión e impulsar la actividad empresarial, el emprendimiento y el autoempleo, tanto femenino como masculino, en su dimensión territorial.
Tras la firma del convenio, el SCE deberá comprometer todas las acciones de los fondos estatales antes de la finalización de este ejercicio, aunque tal y como negoció el Gobierno de Canarias las acciones podrán ser ejecutadas también a lo largo del próximo año 2018. En cuanto a la inversión de los fondos europeos, el SCE deberá rediseñar todos los programas operativos para que estén aprobados por la Comisión Europea durante este mismo año.
La dotación financiera aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es de 42 millones de euros, de los cuales 24,1 millones provendrán de fondos estatales y los otros 17,9 millones ampliarán el presupuesto de los programas operativos en Canarias, tanto del Fondo Social Europeo como de Garantía Juvenil.
El Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC 2017) se justifica en el convenio por una serie de desventajas naturales tales como la insularidad, la gran lejanía y el aislamiento, la escasez de recursos naturales, la orografía, la reducida superficie o la fragilidad ambiental, que generan unos costes adicionales cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo económico y afectan a la generación y al mantenimiento del empleo.
Los principales objetivos del PIEC 2017 serán favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas y mejorar la tasa de empleo, así como favorecer la igualdad en el acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres, de los colectivos más vulnerables. También están previstas medidas para activar y mejorar la empleabilidad juvenil, promover oferta formativa a las necesidades del mercado laboral, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, potenciar la movilidad laboral de los trabajadores y apoyar el espíritu empresarial y el emprendimiento.
Lucha contra la economía sumergida
El presidente del Gobierno de Canarias y la ministra de Empleo y Seguridad Social firmaron otro convenio por el que Canarias y el Estado intensifican las actuaciones contra la economía sumergida y el empleo irregular a través de la actuación conjunta.
Este convenio contempla, entre otras medidas, un plan de refuerzo temporal de las plantillas de la Inspección para intensificar la vigilancia y la creación de una unidad de trabajo especializada, integrada por representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Canario de Empleo (SCE), que tendrá acceso a toda la información disponible para la definición de las principales conductas y detección de bolsas de fraude.
El refuerzo temporal de las plantillas se definirá en un plan concreto que permitirá destinar más inspectores para la realización de campañas que eviten las conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales. El Gobierno de Canarias se hará cargo íntegramente de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento para realizar las visitas de inspección por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social procedentes de otras Comunidades Autónomas.
Control autonómico de las Incapacidades Temporales entre 2017 y 2020
Además, Fernando Clavijo y Fátima Báñez han formalizado el acuerdo por el que el Ministerio de Empleo, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cede a las comunidades autónomas, entre ellas Canarias, la competencia para que, a través de los facultativos de su Servicio Público de Salud (SPS), extiendan los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta que establecen el inicio y la duración de los procesos de Incapacidad Temporal en su territorio.
De esta forma, mediante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ejecutivo autonómico participa en la responsabilidad de gestionar y controlar la prestación junto con las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social.
Canarias recibirá 14.191.806,81 de euros, siempre condicionado al grado de cumplimiento de determinadas actuaciones de gestión y control de la IT, fijadas en cada ejercicio económico. Para ello, se realizará un programa de actividades para modernizar la prestación de IT y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año.
El programa incrementa la formación de los médicos de Atención Primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la IT como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud.
