La consejera se congratula de estos resultados "que solo en seis meses han redundado en la mejora de las condiciones laborales de más de 7.000 personas que estaban desempeñando su trabajo en situación irregular" y explica que "nuestra intención para el próximo año es seguir vigilando este tipo de fraudes, sobre todo la economía sumergida ya que supone un agravio a los derechos laborales de muchas personas que al no estar dados de alta en la Seguridad Social, o no cotizar por el tiempo real que trabajan, no pueden disfrutar de las pensiones que les correspondean cuando se jubilan o de las ayudas por desempleo si dejan de trabajar".
"Además -prosigue- la irregularidad laboral incide directamente en la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
En líneas generales, la actuación de la Inspección durante el primer semestre de 2018, ha permitido la realización de 6.500 visitas a centros de trabajo y se han finalizado 14.454 órdenes de servicio.
Por materias, 2.462 han sido órdenes en materia de seguridad y salud, 2.833 en materia de relaciones laborales, 515 en materia de empleo, 20 de extranjeros, 6.846 en cuanto a economía sumergida e irregular y 689 fueron otras actuaciones.
De los 2.289 empleos aflorados, 1.187 no tenían alta en la Seguridad Social, 493 fueron altas de oficio; 45 extranjeros trabajando sin permiso de trabajo y 564 fueron incrementos de tiempo de trabajo superiores al 50%.
Valido asegura que el objetivo principal de la actuación de la Inspección es "acabar con la irregularidad y que los trabajadores estén en las condiciones a las que tienen derecho en cuanto a salario, contrato y también en cuanto a sus condiciones de salud y seguridad".
