No es socialmente tolerable que durante el 2016, los delitos laborales contra los trabajadores detectados en las escasas intervenciones inspectoras realizadas, aumentasen en cerca de un 6%; tampoco que en el primer semestre de 2018, sólo con una ligero incremento de la exigua plantilla disponibles de inspectores laborales, se hayan detectado 7.000 casos de contrataciones irregulares de trabajadores, o que, frente a Baleares, comunidad con la que el gobierno de Clavijo gusta ir de la mano en objetivos turísticos y económicos, Canarias le supere en cerca del triple de fraude empresarial, afianzándonos en el liderazgo estatal de todo lo laboralmente negativo.
Sin haber podido acceder a los detalles de los herméticos datos anunciados por la Consejería de Empleo, de las 6.550 inspecciones que dicen haberse realizado o de la cuantía las sanciones que finalmente se han hecho efectivas, las cifras facilitadas, aunque incompletas, ya dan idea de la verdadera extensión del gravísimo problema de la economía sumergida con la correspondiente lesión de derechos básicos, principalmente en materia de prolongación de jornada laboral, ilegales devengos salariales, práctica de acoso y abuso, ausencia de medidas para la prevención de riesgos laborales, o fraude en la cotización a la Seguridad Social.
Es por ello por lo que los ejecutivos español y canario deben abandonar su política complaciente y de "paños calientes" hacia este importante sector de clase empresarial asentada en Canarias que, aparte de su resistencia a mejorar salarios y crear empleo, reitera su incumplimiento de la legislación laboral básica.
