La especialización viene a cumplir lo demandado en el decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En este sentido, Padrón enfatizó la importancia que tiene la figura del socorrista, quien debe contar con la formación y la cualificación profesional específica en Socorrismo en Espacios Acuáticos Naturales, incluida en el Catalogo Nacional desde 2007 y cuyas unidades de competencia se contemplan tanto en el certificado de profesionalidad del 2011, como en el grado medio de formación Profesional en Socorrismo. En este sentido, el alumnado de "Adeje Azul, Adeje seguro", cuentan con todo lo necesario para acceder al campo de trabajo una vez finalizado sus estudios.
El nuevo decreto regula el catálogo general de playas y otras zonas de baño, los diferentes criterios de riesgo que van a ser tomados en consideración para la clasificación de dichas zonas marítimas en: libres, peligrosas y de uso prohibido, así́ como para la determinación de sus grados de protección.
Asimismo, se tienen en consideración los Planes de Seguridad y Salvamento de las playas u otras zonas de baño marítimas, los criterios e indicadores técnicos que van a ser utilizados como referencia para su elaboración en cuanto al dimensionamiento del Servicio de Salvamento, así́ como los contenidos mínimos que deben recogerse en los mismos. También contempla los elementos de prevención de las diferentes situaciones derivadas de emergencias producidas en las playas, tanto de carácter ordinario como de protección civil, y las medidas de coordinación operativa aplicables a tales situaciones.
Las medidas recogidas en el Decreto 116/2018 se adoptan sin perjuicio de lo previsto en la legislación de costas y, en particular, en las normas e instrucciones para la seguridad de las personas y de los bienes en los lugares de baño adoptadas por el Estado en virtud de su competencia exclusiva sobre el uso común del dominio público.