Rodríguez recuerda que, desde que en marzo de este año se conociera la firma de un acuerdo a nivel estatal para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, el Gobierno de Canarias se manifestó a favor de iniciar un camino de recuperación de los derechos de los empleados públicos que fueron limitados como consecuencia de la crisis económica, en el entendimiento de que no solo era justo devolver parte del esfuerzo realizado, sino que además la mejora en las condiciones de trabajo y la recuperación de derechos es garantía de un empleo público estable que redunda en la calidad de la prestación de los servicios públicos.
El anteproyecto de Ley aborda este objetivo sin que por ello la Comunidad Autónoma de Canarias deje de ser fiel cumplidora de sus obligaciones presupuestarias y financieras, como ha venido siendo hasta ahora, por lo que se garantiza igualmente la prestación de los servicios públicos esenciales sin merma alguna en la calidad de la atención a la ciudadanía.
El director general remarca que estos prepuestos permitirán hacer frente al aumento de las retribuciones del personal en los términos que así lo establezca la legislación presupuestaria del Estado para 2019, se mejoran las retribuciones del personal laboral equiparando su paga adicional a la del personal funcionario, se consolida la formación permanente del personal docente a través de los sexenios, así como se consolida la carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud.
En las cuentas de la Comunidad Autónoma, se aumenta en un 33% la dotación del Fondo para ayudas de acción social y se amplía la dotación del seguro a favor del personal en caso de fallecimiento o invalidez permanente.
La Ley de Presupuestos flexibiliza el sistema de contratación o nombramiento de personal que refuerce las plantillas en caso de necesidad extraordinaria y urgente, mantiene el régimen de anticipos reintegrables del personal de la Comunidad Autónoma con mejores condiciones para quienes menos nivel retributivo tienen.
Este proyecto de Ley refleja además la apuesta firme del Gobierno por el restablecimiento de la jornada semanal de 35 horas en el sector sanitario y de recuperación de las 18 horas lectivas del personal docente de secundaria, lo que a su vez permitirá la generación de un mayor nivel de empleo público.
Con la propuesta que hoy se negocia, se restablece el derecho a la percepción de la totalidad de las retribuciones en caso de baja médica a fin de que estas situaciones no constituyan una penalización económica para los empleados públicos.
El proyecto adopta medidas para favorecer la promoción profesional del personal funcionario de carrera facilitando la posibilidad de que desempeñen con carácter temporal puestos de trabajo en otros Cuerpos y Escalas, así como amplía el régimen de exenciones y bonificaciones de las tasas para la participación en procesos selectivos fomentando con ello la participación de la ciudadanía en el acceso al empleo público.
En todo caso, Rodríguez aclara que el esfuerzo por la mejora del empleo público es una actuación que no se limita a este año. En efecto, el Gobierno se empleó en 2017 a fondo para sacar adelante objetivos en los que venía trabajando en los ejercicios anteriores, habiendo publicado así las casi todas las convocatorias de la oferta pública de empleo (OPE) de 2015 y parte de la de 2016, además de aprobar la OPE 2017. Esta última, que incluye 350 plazas para la Administración autonómica, se suman a las de 2015 y 2016 para hacer un total de 1.008 plazas ofertadas en los tres últimos años en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
También cabe recordar el establecimiento con carácter permanente de criterios de gestión de la jornada y de horario en determinados períodos del año, así como la aprobación de dos medidas de conciliación: la posibilidad de ampliar en un mes más (desde el 1 de junio de cada año) la reducción de quienes tengan a su cargo a menores de 12 años y la reincorporación al trabajo de forma progresiva tras un proceso de quimioterapia o radioterapia o por otro proceso médico de especial gravedad, de forma que durante el primer mes (ampliable por un mes más) se puede reducir la jornada ordinaria en un máximo del 25% sin reducción de retribuciones ni de cotización.
Rodríguez resalta que se trata de logros que se enmarcan en una labor más amplia que incluyen mejoras necesarias en las condiciones de trabajo para el personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
