"Es decir" -según apunta Sergio Alonso, director del Servicio Canario de Empleo-, "queremos asegurar la participación de estas entidades de fomento del empleo social en la contratación con la administración, reconociendo así sus especiales características, su carácter reglado y, sobre todo, el beneficio social demostrado e incontestable".
La mesa permanente, cuya puesta en marcha fue decidida tras la pasada reunión de la comisión asesora en materia de integración de colectivos de muy difícil inserción laboral, está constituida por representantes de las entidades sociales de empleo protegido y de las áreas de gobierno implicadas, como son el Servicio Canario de Empleo, la Dirección General de Patrimonio y Contratación, la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y el Comisionado de Lucha contra la Pobreza y la Inclusión Social.
Cabe señalar, que la Ley de 7/2018, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, y la actual legislación de contratos, han reconocido de manera expresa la necesidad y obligación de utilizar la contratación pública para la consecución de objetivos sociales, y que además la Estrategia Europa 2020 destaca el papel que pueden llegar a desempeñar en la consecución de sus objetivos los talleres protegidos y otras empresas sociales, cuya finalidad principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, así como los desempleados y grupos socialmente marginados.
Concretamente, el Gobierno incluyó en la actual Ley de Presupuestos, la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos a centros especiales de empleo, empresas de inserción y a programas de empleo protegido, determinando que la concreción del importe y de las áreas de actividad susceptibles de la reserva y los departamentos en los que se materializarán estos contratos deberían ser establecidas mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de la Consejería de Hacienda.
La disposición adicional cuarenta y ocho contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para que fijen porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes a favor de estos dos tipos de entidades que cumplan con los requisitos y condiciones legales establecidos en la normativa correspondiente. Es por ello que, en un proceso participativo y de consenso, el Gobierno y las entidades del tercer sector están trabajando para llegar a acuerdos que permitan articular estos compromisos.
