Asimismo, Clavijo ratificó que el Gobierno autonómico seguirá trabajando en la materialización de la reducción de dos horas lectivas semanales de la jornada del personal docente de educación secundaria, hasta las 18 horas, asunto en el que las organizaciones sindicales han continuado el trabajo iniciado desde antes de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.
Como se recordará, Barragán cerró un acuerdo de compromisos con esos mismos sindicatos el pasado mes de octubre que incluyó, entre otros aspectos, estos dos asuntos en el marco de una serie de medidas de mejora para el empleo público autonómico. Tal y como se explicó entonces, la implementación de dichas medidas quedó sujeta a la condición de que la Comunidad Autónoma de Canarias pudiera incrementar el gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para 2019.
En este sentido, el presidente canario remarcó ayer la voluntad del Ejecutivo autonómico para sacar adelante tanto la aplicación de la jornada de 35 horas en el ámbito del Servicio Canario de Salud, así como de aprobar más adelante la reducción en dos horas semanales de la jornada lectiva del personal docente no universitario.
En consecuencia, el acuerdo previsto para el próximo lunes contemplará que la jornada ordinaria, promedio del personal adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de Salud, sea cual sea la naturaleza de su vínculo jurídico, será de 35 horas a partir del 1 de mayo de este año. Asimismo, establecerá que la materialización del acuerdo corresponderá a la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de Salud, quien será responsable de dictar las instrucciones para su aplicación.
Clavijo recordó ayer que el Ejecutivo canario ha apostado desde el primer momento por el establecimiento de la jornada ordinaria de trabajo de 35 horas semanales en el conjunto de la Administración autonómica de promedio en cómputo anual, en línea con los acuerdos alcanzados entre la Administración del Estado y tres de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal para la mejora del empleo público, por lo que ahora lo acuerda dentro del marco de sus competencias al considerarlo justo y necesario.
