La Administración General Canaria se encuentra en shock tras conocer la decisión de paralización de la aplicación de las medidas de mejora de las condiciones de trabajo para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que apenas comenzaba a regularse normativamente para iniciar el disfrute de las mismas.
Todo ello por un afán de protagonismo exacerbado del sindicato SEPCA, que se negó a participar en la negociación que llevó al logro del Plan Concilia Canario en el ámbito de la Administración General, y ahora, una vez iniciada la regulación para la aplicación de las diferentes medidas, ha comenzado a recurrir una tras otra, lo que ha llevado a la paralización del disfrute de las estas mejoras por parte del personal beneficiado por ello.
Esto nos hace plantearnos la siguiente cuestión: ¿A qué juega SEPCA?, ¿A quién pretende beneficiar con esta actitud?, ¿Por qué le hace este favor al gobierno en funciones en contra de los intereses de las trabajadoras y trabajadores públicos?, ¿Obtiene algún beneficio por ello?, ¿Ha sopesado el perjuicio que esto supone para el personal de la Administración General?, ¿Qué ocurre con quienes han dispuesto ya de reducción horaria en el mes de junio, deben devolverlas?, ...
En particular hemos conocido del recurso interpuesto por SEPCA a la Resolución del Director General de la Función Pública por la que se modifica la Resolución número 348/2017, de 15 de mayo, por la que se dictan instrucciones específicas en relación a la jornada y horario de trabajo en determinados períodos del año y se establecen medidas complementarias de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito de la administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias, que plantea ampliar los casos que conllevan el uso de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo en una hora diaria desde el día 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, ambos inclusive, para quienes tengan a su cargo alguna de las siguientes personas:
a) Menores de edad hasta los 14 años, inclusive.
b) Familiares con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 33%, hasta el 2º grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
c) Familiares de avanzada edad, hasta el 2º grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, con al menos setenta y cinco años que, por razón de su estado general de salud, enfermedad grave o situación legal de dependencia, precisen de especiales cuidados domiciliarios, residenciales o de terapia especializada.
Esta medida anteriormente solo se usaba para quienes tuviesen a su cargo menores de edad hasta los 12 años.
SEPCA discrimina y perjudica con su actuación al personal de la Administración general, quienes podían beneficiarse desde el 3 de junio de esta medida, pues de prosperar su recurso quienes hayan disfrutado de este permiso desde principios de junio han de devolver las horas utilizadas en ese tiempo.
Además, estaba prevista la publicación de una serie de resoluciones para aplicar el resto de mejoras contenidas en le Plan Concilia que de momento se quedan sin ver la luz, retrasando sine die el disfrute de las mismas por el personal de la administración general. Como ejemplo recordar que se paraliza el establecimiento de una bolsa o crédito horario anual para la conciliación de carácter recuperable, del 3% para el año 2019, 4% en 2020 y del 5% en el año 2021, la mayor bolsa horaria de todo el estado.
CCOO, COBAS, CSIF y UGT, abogamos porque los responsables y representantes de SEPCA recuperen la cordura y se sumen a trabajar por mejorar las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos, exigiendo que estas medidas de conciliación se amplíen al resto de sectores de la Administración Pública canaria, tal como ya habíamos acordado todas las organizaciones sindicales en la última mesa general de negociación de empleados públicos.
