Este cambio llega en un momento de gran incertidumbre, en el que está en discusión el nuevo Plan Estratégico de empresa en Correos, un plan que ha de determinar la financiación y los recursos necesarios con los que el Gobierno decida prestar el modelo de servicio postal que a futuro recibirá la ciudadanía en todo el Estado, algo que afectará también a nuestras Islas.

El valor del servicio público postal, que cumple un papel vertebrador y que llega universalmente en condiciones de igualdad a todos los puntos de nuestra geografía, es especialmente importante en Canarias, un territorio ultraperiférico con peculiaridades geográficas y económicas que le hacen diferente de otras partes del Estado, y en el que la insularidad y la dispersión de la población en núcleos rurales dificulta las comunicaciones. Entender las necesidades en la gestión del servicio de Correos en Canarias requiere la existencia de una organización directiva en las islas que le dote de estabilidad, presencia y cercanía, por lo que CCOO entiende que la actual situación de provisionalidad no debería demorarse más allá de lo estrictamente necesario.

CCOO, como sindicato mayoritario en la empresa tanto a nivel estatal como en las dos provincias Canarias, viene reclamando a la dirección de Correos en las islas un impulso de las inversiones y la mejora en la gestión de los recursos con que se presta el servicio postal, rechazando las políticas de estricta austeridad impuestas en los últimos años, que solo se traducen en recortes de plantillas y falta de medios, empeorando las condiciones laborales y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía canaria.

CCOO saluda al nuevo gestor de Correos en Canarias, y, consciente de que la confrontación y el conflicto daña el futuro de la empresa, le ofrece y demanda diálogo y colaboración en este tiempo de cambio, en el que debe decidirse el futuro modelo de servicio postal, un modelo que para el sindicato pasa por reconocer que, efectivamente, este servicio en Canarias tiene que cambiar, para mejorar y ser igual al que se presta a la ciudadanía en el resto del Estado.