CC.OO. critica que la única información proveniente de TRAGSA y Cabildo que llega a los trabajadores y a sus representantes es la que están publicando los medios de comunicación, vulnerándose el derecho de información, y por tanto impidiéndoles ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus intereses.
Estos trabajadores llevan muchos años desempeñando una labor de vigilancia e información en el PN Teide, adquiriendo formación y experiencia en su trabajo. Incluso se vieron obligados a obtener la condición de Guardas Rurales a petición de la dirección del Parque, para lo que TRAGSA les proporcionó el acceso a la formación y las pruebas para obtener la habilitación profesional, por lo que están perfectamente capacitados para desempeñar las funciones de apoyo a la Vigilancia, a los medios propios del Parque Nacional.
Los trabajadores han seguido siempre las indicaciones tanto por parte de la empresa, como del cabildo insular, o de la propia dirección del Parque, realizando una labor intachable, por lo que consideran aún más injusto que decidan prescindir de ellos, sin la menor base legal, en lo que parece ser una decisión errática, que, careciendo de objetivos, pudiera estar ocultando otro tipo de intereses.
CC.OO. considera que, de consumarse la decisión, constituiría un grave error y un paso atrás en cuanto a la gestión de este espacio natural protegido, Patrimonio de la Humanidad. La función de protección de la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos, y en definitiva de los ecosistemas del Parque Nacional, en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico es completamente ajena a la seguridad privada. Como también le es ajena, la labor de información para promover la educación ambiental y el conocimiento público de los valores ecológicos y culturales del Parque y su significado, actividades que durante años han venido realizando los trabajadores de TRAGSA. La Ley de Seguridad Privada define de manera indubitada que el Parque Nacional del Teide no entra en el ámbito de actuación del personal de seguridad privada, cuyos fines son garantizar la seguridad de las personas, de sus bienes, y el desarrollo de sus actividades, y cree, por tanto, que estos servicios no pueden ser prestados en terrenos del dominio público, en el que las personas, y sus actividades están predeterminadas, y reguladas por sus leyes específicas de protección y conservación.
Todo lo acontecido evidencia la necesidad de proveer de herramientas y recursos adecuados, como un reglamento que desarrolle el PRUG que permita ejercer las acciones adecuadas, con más personal que informe, eduque y advierta, realizando una importante labor disuasoria, función que ya desempeña con bastante efectividad el personal de TRAGSA.
La solución pasaría por dotar de más y mejores medios al personal auxiliar actual, aumentar el número de efectivos de apoyo que además prestaría la fundamental labor de información más educación ambiental, y a la vez una vigilancia disuasoria con presencia constante y aumentada durante las 24 horas, sin olvidar el necesario y obligatorio respaldo de las fuerzas de orden público: guardia civil, policía nacional, autonómica y policías locales que tienen plenas competencias en este ámbito, cuestión que puede incentivarse desde las propias instituciones públicas ya que, por ejemplo, otros parque nacionales con menos visitantes tienen su propio destacamento del SEPRONA de la Guardia Civil.