Según afirmó el secretario de Comunicación en Tenerife de Intersindical Canaria, Ignacio Rodríguez Marrero, "tras los ERTE por fuerza mayor que se están aprobando, la normalización laboral en la hostelería de Canarias no pasa por la conversión -aunque sea temporal- de los contratos fijos en fijos discontinuos".
Rodríguez recordó que, con fecha de 30 de marzo pasado, el secretario general de Sindicalistas de Base publicó un extenso comunicado en el cual, bajo el título El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) confirma que la regulación del artículo 10 del Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife es una herramienta alternativa a los ERTE por causas económicas y de producción, este aboga por la aplicación en el sector de la hostelería de provincia tinerfeña de un apartado del artículo 10 del vigente convenio (2018-2022) como solución de continuidad a los ERTE por fuerza mayor aplicados en la generalidad del sector debido al estado de alarma por la actual crisis sanitaria de la COVID-19.
Dicho apartado del convenio provincial, expone Ignacio Rodríguez, apunta: "La empresa y la representación legal de los trabajadores, en los términos previstos en el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores (...), si han sobrevenido causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrán convenir la conversión de toda o parte de la plantilla en trabajadores/as fijos discontinuos durante un plazo máximo de tres años y con la actividad que juzguen acorde a la demanda de ocupación del establecimiento...".
Respecto a la solución propuesta por Sindicalistas de Base, el mismo representante de Intersindical Canaria sostuvo que, "con una argumentación muy poco convincente, don Manuel Fitas [representante de Sindicalistas de Base] se decanta por las supuestas bondades del citado precepto frente a la posibilidad de que tras los ERTE por fuerza mayor se pacten ERTE por causas económicas o productivas que permitan la incorporación progresiva de las personas trabajadoras a sus empleos en la medida que se vaya normalizando la actividad de las empresas".
Y añadió Ignacio Rodríguez: "Hasta tal punto su argumentación es claramente favorable al interés empresarial que afirma sin rubor alguno que su 'herramienta alternativa' abre las puertas a las negociaciones -se supone que para introducir mejoras- en las empresas, ya que 'dicha conversión exime de cotización a la Seguridad Social a las empresas durante el periodo de inactividad del trabajador', negociación que, en su brillante opinión, no es permitida en los ERTE por causas económicas o productivas ya que éstos se pueden presentar para su tramitación sin acuerdo con la representación de los trabajadores".
Rodríguez advierte a ese respecto que "todo un secretario general de Sindicalistas de Base nos dice que, si los empresarios ahorran la cotización a la Seguridad Social durante los tres meses de inactividad que al año permite el artículo 13 del convenio colectivo, todo serán bendiciones: se negociarán complementos para mejorar las prestaciones de desempleo, se convertirán en fijos discontinuos a los trabajadores eventuales incluidos en los ERTE de fuerza mayor, habrá garantías de protección al empleo, etcétera".
Dicho de otra manera, indica la misma fuente, "los trabajadores solo obtendrán mejoras durante la situación de desempleo tras los ERTE por fuerza mayor si les ahorramos a las empresas la factura de la Seguridad Social. El señor Fitas es una vez más tan diligente a la hora de echar un capote a los empresarios que le tienden la alfombra roja para que su sindicato campe a sus anchas en el sector de la hostelería en nuestra provincia".
Desde Intersindical Canaria se rechaza esa "herramienta alternativa" por considerarla un auténtico fraude a la Seguridad Social, "impropio de quien dice defender los intereses de las personas trabajadoras", y afirma con rotundidad que "la verdadera alternativa es la negociación entre empresas y representantes sindicales que la normativa exige en la tramitación de los ERTE por causas económicas o productivas, negociación que se desarrollará en función de las circunstancias económicas y de contratación que concurran en cada empresa, con especial protección a los trabajadores más precarios y, en caso de que sea necesario, impugnando los desacuerdos de las decisiones empresariales desproporcionadas o injustificadas ante la jurisdicción social".
Ese es, asegura Intersindical Canaria, "el marco legítimo para alcanzar mejoras que completen las prestaciones por desempleo y no el mercadeo impresentable con la exoneración del pago a la Seguridad Social que se propone por Sindicalistas de Base".