La altísima tasa de paro, que ya al inicio de la pandemia estaba situada en torno al 21%; la lenta recuperación del sector, motivo que propicia que sea la Comunidad Autónoma con mayor número de trabajadores todavía inactivos y una de las mayores caídas del PIB de entre las demás comunidades autónomas, durante la pandemia, son motivos adicionales, de peso, para que se mantengan las medidas actuales, a lo que abunda la esencial dependencia del turismo por parte del resto de sectores económicos de las islas, en un escenario donde es muy difícil prever la evolución del turismo en los próximos meses.
A la lógica incertidumbre de la evolución del sector, abunda la impredecibilidad del proceso eruptivo de la isla de La Palma, que pudiera agravar, en un futuro próximo, la ya difícil situación de las empresas turísticas.
La FEHT hace una llamada de atención para que no se confundan las medidas previstas por el Gobierno, para la isla de La Palma, a través de un ERTE especial, lo cual aplaudimos como no podría ser de otra manera, con lo que precisa de manera más global el conjunto del archipiélago.
Considera la Patronal del sector, que las exoneraciones y bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, en todo caso, deben seguir primando a los trabajadores en activo, como así se estableció en su momento, coincidiendo con la temporada alta turística peninsular (en verano), por lo que no se aprecian motivos para un eventual cambio de criterio, ahora que da inicio a la temporada alta turística en Canarias (en invierno), reduciendo las bonificaciones a éstos, como pretende el Gobierno del Estado.
La petición empresarial se encuentra refrendada, además, por el acuerdo unánime adoptado en el seno del Consejo Canario de Relaciones Laborales, el pasado 15 de septiembre, instando a la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, la prórroga indefinida de los actuales ERTES, hasta la finalización de la actual crisis sanitaria y con los mismos criterios de exoneración de cuotas.
La FEHT hace una petición pública al Gobierno del Estado para que adopte una decisión acorde con los intereses de las islas, tal y como ya ha hecho de forma directa el Consejo Canario de Relaciones Laborales.