Precisamente, "la actual oferta del SCE presenta una completa alineación tanto con las estrategias autonómicas de crecimiento económico, diversificación productiva y mejora formativa como con las necesidades expresadas desde las restantes administraciones y agentes socioeconómicos con el objetivo de afrontar un momento clave para la digitalización y la sostenibilidad", destacó Gustavo Santana tras reunirse con la presidenta de la comisión de formación de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), María de la Salud Gil, y la gerente de la organización homóloga en Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Elena Vela, entre otras personas representantes de las patronales provinciales.
En concreto, el viceconsejero de Empleo y la directora del SCE detallaron a los responsables empresariales las próximas ayudas por valor de 8 millones de euros para programas formativos con compromiso de contratación, al menos, del 40% de las personas desempleadas que completen las diferentes acciones durante 2022 y 2023, una convocatoria abierta por primera con carácter plurianual (4 millones en cada ejercicio).
Pendiente de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la inminente resolución ya estableció para las empresas y entidades de formación un total de cinco plazos para la presentación de solicitudes en concurrencia competitiva a través de la sede electrónica de la administración electrónica: veinte días desde el anuncio en el BOC y del 15 septiembre al 14 de octubre, para el ejercicio de 2022; entre el 20 de enero y el 28 de febrero, del 10 de mayo al 16 de junio, y 15 de septiembre al 16 de octubre, para el ejercicio de 2023.
Y definió como colectivos desempleados con prioridad para las acciones formativas del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, con inclusión obligatoria de materias como inserción laboral, sensibilización medioambiental o igualdad de género, a las personas menores de 30 y mayores de 45 años, paradas y parados de larga duración, ciudadanía con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, con un compromiso de contratación para el 40% del alumnado final durante 6 meses como mínimo en caso de jornada completa y de 9 meses a tiempo parcial.
Alrededor de 12.500 personas con cargo al Mecanismo de Recuperación
Además, Gustavo Santana y Dunnia Rodríguez recordaron a las confederaciones empresariales la anterior convocatoria de otras subvenciones por valor de casi siete millones de euros (6.930.261,56 euros) a empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones para la cualificación y recualificación ('reskilling' y 'upskilling') de la población activa (alrededor de 12.500 personas) en sectores estratégicos y transición ecológica.
Enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU, la convocatoria vigente fijó de plazo hasta el 9 de junio para presentar proyectos de actualización y adquisición de competencias profesionales o la acreditación de capacidades obtenidas a través de la experiencia laboral, un novedoso sistema para la formación a la carta del personal por parte de empresas y entidades sin fines de lucro.
También en concurrencia competitiva, las nuevas ayudas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establecieron un máximo de 200.000 euros para empresas (hasta el 33% del importe total del presupuesto disponible) y entidades sin ánimo de lucro (hasta otro 33%) o de 400.000 euros a grupos empresariales (hasta el 33% restante) para el desarrollo hasta final de 2022 de acciones formativas desde 30 hasta 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.