Con el fin de simplificar la gestión de los fondos, y a propuesta de la Consejería de Economía, el Gobierno aprobó la delegación de competencias tras el acuerdo marco de colaboración firmado a mediados de julio entre el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, la consejera Elena Máñez como presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE) y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, para el desarrollo de tareas de utilidad pública y de reinserción social mediante la contratación de más de 3.700 personas paradas de larga duración y con riesgo o en exclusión social.
Financiadas con fondos procedentes del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las próximas ayudas agilizan su actual tramitación para aprobar e iniciar los numerosos proyectos de forma urgente con la finalidad de cumplir su propósito fundamental de permitir la atención a las personas desempleadas que no perciben ninguna prestación económica, así como de familias en las que todos sus miembros estén sin ocupación o sin ingresos de ningún tipo.
Con una duración máxima de un año, los contratos subvencionados se destinan a la realización de obras o servicios de interés general o utilidad social de competencia local como, por ejemplo, la limpieza de barrancos y márgenes de carreteras o tareas de ajardinamiento y embellecimiento en los 88 municipios canarios.
Requisitos del PES
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80% del Indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio. También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50% de las personas contratadas serán mujeres, ante la persistencia del desequilibrio existente en el mercado laboral.
Las personas interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos, con el fin de garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal de promover la integración social como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritas como personas demandantes de empleo en el SCE, figurar empadronadas en el municipio que realice el proyecto con una antigüedad superior a seis meses, con la excepción de cuando queden puestos por cubrir o en los casos de personas víctimas de violencia de género.
