En la actualidad, el extracoste de estos sistemas ronda los 1.700 millones de euros anuales, que antes se cargaban a la tarifa eléctrica y que el Gobierno anterior comenzó a incluir progresivamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2012 y en 2013, el Ejecutivo actual suspendió la asunción de este coste en las cuentas públicas, si bien Industria espera que los PGE de 2014 sí soporten este coste.
El nuevo anteproyecto, explicó Soria, aumenta el número de instalaciones eléctricas más eficientes, incrementa el número de operadores en el área de generación eléctrica y cambia la metodología de cálculo del coste de combustible usado en estos sistemas, actualmente solo fuel.
Junto a esto, la norma refuerza el control de las instalaciones eléctricas, aspira a mejorar la calidad y la eficiencia y traslada la gestión del bombeo y la regasificación a los gestores técnicos de la red eléctrica y del sistema gasista, REE y Enagás, respectivamente.
Soria aseguró que la medida se inscribe en "el compromiso del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) en el último debate sobre el estado de la nación", que incluye la presentación durante el primer semestre del año de una reforma energética.
