La normativa puesta en marcha a raíz de la Reforma Energética hace muy difícil que se acometan nuevas inversiones en el país debido, por un lado, a la inseguridad jurídica que supone haber modificado la normativa con carácter retroactivo y, por otro, porque el nuevo sistema retributivo no garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos. Por ello, no está claro si acabarán por ponerse en marcha los 177 MW no instalados pero inscritos en el Registro de Preasignación –el cupo establecido en 2009 por el Gobierno para que sólo los nuevos parques inscritos entonces pudiesen percibir la retribución prevista en el Real Decreto 661/2007¬– a 31 de diciembre de 2013. El año pasado, las empresas titulares de 928 MW de los inscritos en este Registro renunciaron a instalar la potencia asignada como consecuencia de la nueva regulación. Aunque el Registro garantizaba el derecho de los parques inscritos a cobrar una determinada retribución durante 20 años, la Reforma Energética ha eliminado los derechos adquiridos por las instalaciones existentes.
Esta sequía de nuevas inversiones tiene un impacto directo en la industria eólica que, sin posibilidades de nuevos pedidos para el mercado doméstico, se enfrenta a la disyuntiva de cerrar fábricas y quedarse o marcharse de España. Dada la voluntad expresada por el Gobierno en su Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, AEE considera fundamental que el eólico tenga un lugar destacado entre los sectores industriales a impulsar por su efecto multiplicador para la economía española gracias a su carácter tecnológico, innovador y exportador, sus posibilidades de creación de empleo y su prominente posición a nivel mundial, entre otras cosas.
La difícil tesitura en que se ha situado a la eólica como consecuencia de la nueva regulación –se trata sin duda del sector más penalizado por la Reforma Energética– exige que se tengan en cuenta sus nuevas y difíciles circunstancias de cara a las nuevas decisiones regulatorias en ciernes. Entre las normas pendientes de desarrollo o tramitación, figuran algunas que, como la Orden Ministerial sobre Interrumpibilidad o el borrador de real decreto sobre pagos por capacidad, podrían suponer nuevos costes con efectos devastadores para el sector. Asimismo, en la segunda parte de la Reforma Fiscal en la que trabaja el Gobierno se deberían tener en cuenta las peticiones del sector en torno a la racionalización de los impuestos autonómicos de supuesto carácter medioambiental o la eliminación de la tasa del 7% sobre la generación eléctrica para sustituirlos por medidas fiscales establecidas a nivel nacional para todas las energías con criterios homogéneos y preestablecidos, basadas en el principio de quién contamina paga, como aconseja la Comisión Lagares. Por otro lado, es importante que se regule la posibilidad contemplada en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico de que la eólica participe en los servicios de ajuste del sistema y se la retribuya adecuadamente por ello.
A pesar de este insignificante aumento de potencia, la eólica se situó como la primera tecnología del sistema eléctrico en el primer semestre, con una generación de 28.818 GWh y una cobertura de la demanda eléctrica del 23,2%, según datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE). Esto ha tenido como consecuencia que los consumidores se hayan beneficiado del precio medio semestral del mercado eléctrico más bajo desde 2010. A 32,9 euros/MWh (según datos provisionales del mercado OMIE), éste se ha situado un 11% por debajo del precio de los primeros seis meses de 2013 y un 31% por debajo del mismo periodo de 2012.