El sistema de concurso, que es una anomalía y una excepcionalidad en el actual sistema, ha demostrado ser completamente inviable por su judicialización frente a una autorización que permite que cualquiera que presente un proyecto con todas las garantías obtenga potencia. Además, la autorización es un procedimiento que no es nuevo, ya está probado en la administración y funciona, y además, cuenta con el respaldo del sector. De hecho, el resto de energías renovables y todas las infraestructuras eléctricas y energéticas se materializan por la vía de la autorización administrativa.
El nuevo sistema "garantiza la igualdad de oportunidades de los que quieran participar en la explotación de la potencia eólica, tanto públicos -ayuntamientos o mancomunidades- como privados. No es un concurso, ya no tienen que competir, el que presente el proyecto y cumpla con los requisitos tanto de ordenación del territorio como medioambientales, obtendrá la potencia, tal y como ocurre en la actualidad con el resto de instalaciones energéticas en Canarias.
