Según explica el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, "se trata de una convocatoria especial con una retribución y unos requisitos de acceso para los proyectos que pretendan instalarse en el Archipiélago elaborados de acuerdo a las peculiaridades canarias".
Para solicitar la ampliación, Ortega ha esgrimido que las razones que han motivado este tratamiento singular a las Islas "continuarán existiendo después de la fecha del 31 de diciembre". "El principal argumento –añade- es que en Canarias la generación de energía por fuentes renovables, después de ese límite temporal, seguirá siendo más barata que la convencional y reduce los costes del sistema eléctrico".
No obstante, con el fin de agilizar los trámites a los promotores, el Gobierno de Canarias y el ministerio alcanzaron el pasado julio un acuerdo por el que solo será necesaria la declaración positiva de impacto ambiental para proceder a la inscripción y a la correspondiente retribución fijada en 86 euros por megavatio generado.
"No esperar a tener la autorización administrativa agiliza en gran medida los plazos", asegura el consejero que destacó el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo autónomo en la tramitación de estas declaraciones con el objeto de acelerar la inscripción de los proyectos en el ministerio lo antes posible.
