La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, que dirige Pedro Ortega, informa que la nueva convocatoria del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus), que acaba de publicar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, destina una partida específica de 14,6 millones de euros para financiar proyectos de industrias instaladas en Canarias.
Pedro Ortega asegura que esta partida, que se incluye en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, supone un importante apoyo financiero a la inversión industrial y ofrece a las empresas canarias una alternativa distinta de las entidades bancarias para obtener un préstamo a largo plazo con el que poder dar un nuevo impulso su negocio.
"El hecho de que las industrias canarias puedan acogerse a este instrumento contribuye, además, a impulsar la diversificación económica y el impulso del sector industrial en el archipiélago", añadió el consejero.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá el próximo 30 de mayo hasta el 17 de julio de 2017. Antes de esa fecha, y según lo dispuesto en la convocatoria publicada en abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas que deseen solicitar asesoramiento personalizado a través de la plataforma abierta por el Ministerio http://www.ipyme.org/FinanciacionIndustrial.
En concreto, la concesión de préstamos del Reindus se dirige a proyectos relacionados con cuatro líneas de actuación: creación de establecimientos industriales o el inicio de una nueva actividad de producción; traslado o cambio de localización de una actividad de producción; ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros existentes, a través de la implantación de nuevas líneas de producción; y mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes.
El importe de la financiación que se concede a cada proyecto será del 75 por ciento sobre el presupuesto financiable.
De acuerdo con la convocatoria, 11,8 millones de euros corresponden a la partida destinada a proyectos de empresas instaladas en Canarias y los otros 2,8 millones se refieren a la convocatoria específica lanzada para la isla de El Hierro.
Pedro Ortega recordó que desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ha reiterado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la necesidad de flexibilizar las condiciones de acceso a las industrias canarias en las próximas convocatorias y poder garantizar que los fondos específicos destinados al archipiélago puedan ser aprovechados por el máximo número de industrias.
En concreto, el Gobierno de Canarias ha solicitado modificar la obligación que tienen las industrias de presentar un aval por el importe del 10% del préstamo, a la hora de solicitar la ayuda y que éste se entregue a la hora de ser concedida dicha ayuda.
Además, se pide ajustar los tipos de interés de los préstamos a los tipos de mercado, ampliar a todo el año el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria y permitir que las ayudas a la reindustrialización puedan compatibilizarse con las subvenciones concedidas por otros departamentos o entes públicos siempre que se cumpla la normativa, tal y como se permitía en 2011 y 2012.
Subvenciones para plantas potabilizadoras
Por otra parte, el consejero Pedro Ortega recordó que, dentro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se incluye también una convocatoria de subvenciones dirigidas a mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de desalación que llevan a cabo las plantas potabilizadoras de Canarias que vierten agua desalinizada a la red pública de distribución.
Pedro Ortega explicó que "se trata de una convocatoria exclusiva para Canarias que tiene como principal propósito abaratar el precio final del agua potable destinada a consumo doméstico".
De acuerdo con lo recogido en el proyecto de ley, la convocatoria que el Gobierno central tien e previsto publicar este año incluye un incremento del 23,8 por ciento en la partida presupuestaria con respecto a la convocatoria sacada en 2016, pasando de los 4,2 millones el año pasado a los 5,2 millones de euros recogidos en el proyecto de ley del PGE para 2017.
