Este aplazamiento se produce después de que el Gobierno estatal haya decidido equiparar los incentivos a las renovables, iguales para toda España, con el sobrecoste de generación de energía convencional en Canarias, y con ello, el modo de pago y este ruinoso aplazamiento que afecta directamente al bolsillo de promotores particulares.
La moción que el grupo de Gobierno elevará al próximo pleno insular explica que el uso de energías limpias para generar electricidad es una necesidad urgente en Canarias para cumplir, además, con los objetivos de la Unión Europea y que una medida útil para avanzar en la implantación ha sido la instauración de incentivos a los promotores de estas instalaciones, idénticas en todo el territorio español y liquidadas con regularidad por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Por otro lado, generar electricidad convencional con fuel en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla es más caro que en el resto del territorio español por ser sistemas aislados. En Canarias es hasta cinco veces más caro y el sobrecoste alcanza 1.500 millones de euros anuales financiados, a partes iguales, por el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado, para que la electricidad cueste lo mismo a todos los españoles.
La energía producida con renovables, por su parte, no solo no genera sobrecostes que tengan que ser compensados por el resto de los españoles, beneficio que se suma al medioambiental, sino que contribuye a disminuir esos 1.500 millones.
Sin embargo, los productores de renovables se han llevado una desagradable sorpresa en la primera liquidación del 2017 porque han cobrado solo la mitad de lo previsto. Y ha sido porque el Ministerio de Hacienda ha vinculado en las islas incentivos a renovables con sobrecoste de convencional, ha cambiado el mecanismo de esta retribución solo para Canarias, y la segunda mitad del pago ha quedado vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, de manera que dada la situación se cobrará con un retraso que puede alcanzar los dos años.
Vinculados sin tener nada que ver
Este cambio de mecanismo que vincula incentivos a renovables con sobrecoste del fuel se produce a pesar de que ambos conceptos son totalmente independientes y están perfectamente distinguidos por la Ley 24/2013. Con este cambio, una vez más, el Estado perjudica la implantación de energías limpias en Canarias, así como en Baleares, Ceuta y Melilla, ya que esta circunstancia no la aplica en la Península, donde los productores seguirán cobrando de manera regular los incentivos a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Además de incoherente, por cuanto obstaculiza las limpias frente a las de fuel, y discriminatoria, porque esta medida no se aplica a la Península, los productores canarios se enteraron en el momento de la liquidación, ya que no hubo previo aviso.
Los incentivos han permitido que Canarias disponga de 1.599 plantas de energías renovables, 58 de ellas eólicas y 1.533 fotovoltaicas. La mayoría de las solares son de 100 kilovatios o menos y participadas por pequeños ahorradores, ahora altamente perjudicados.
Equiparados en contra de la Ley
La equiparación de la retribución o incentivos a renovables con sobrecostes de los sistemas aislados la fijó el real decreto 738/2015, que es contrario a la propia Ley que regula. Y es que la Ley establece la clara diferencia entre ambos conceptos, sin embargo el real decreto considera la retribución a las renovables un sobrecoste de generación de energía con respecto a la Península, cuando lo cierto es que las renovables no solo no generan sobrecostes, sino que producen ahorro.
Se trata de un enorme y perjudicial error que se reproduce en la Orden ETU/1976/2016, que establece los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017, ya que igualmente establece que al sobrecoste se incorporen las cuantías de las plantas con derechos retributivos específicos, es decir, las renovables.
El gran perjuicio del discriminatorio aplazamiento del pago
Este retraso en el cobro de la retribución provocará problemas muy serios en la mayor parte de las instalaciones, tanto que muchos no podrán hacer frente a sus obligaciones de pago y se verán abocados a abandonar o malvender sus instalaciones.
Hay que tener en cuenta que muchas instalaciones están en periodo de amortización, por lo que mantienen importantes cargas ante los bancos a los que no podrán hacer frente, lo que puede derivar en ejecutar garantías de préstamos que afecten a las propias plantas.
Por lo tanto, los perjuicios son graves y dobles, por un lado perjudica gravemente a los productores y, por otro, pone en riesgo el mantenimiento de buena parte de las plantas de energía renovable.
Por todas estas circunstancias y cadena de decisiones sin base jurídica y perjudiciales, el Cabildo pedirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que modifique el real decreto y la orden en los artículos que introducen este error. También pedirá al Ministerio y a la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia que esta entidad sigua haciendo frente al pago completo de los incentivos, como a todos los promotores de España.
