Con esta medida el departamento que dirige la consejera Yaiza Castilla quiere dar la posibilidad a la ciudadanía de aportar ideas que sirvan para mejorar la normativa que regulará aspectos como los precios de las inspecciones y la evaluación de la calidad del servicio.
"Con esta iniciativa reglamentaria no solo damos cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de las ITV, sino que pretendemos garantizar que en el establecimiento de los precios máximos de las inspecciones se tenga en cuenta la equidad de los usuarios del servicio y la estabilidad económica del sector para asegurar la prestación del servicio a largo plazo", explica la directora general de Industria, Yolanda Luaces, quien señala que, además, dotando al sector de una mayor transparencia se beneficia la competencia entre empresas y se mejora notablemente la información de la que dispone el consumidor para poder elegir una estación ITV.
En mayo de este año el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el decreto que regula la inspección técnica de vehículos con el fin de garantizar la prestación del servicio en todo el territorio canario, en especial en aquellas islas en las que la limitada demanda pueda retraer a la iniciativa privada a operar estaciones de ITV.
En el mismo se establece que la consejería competente debe establecer los criterios de actualización de los precios máximos, así como la frecuencia con la que las estaciones ITV deben remitir información sobre sus precios a la Administración y el alcance de dicha información, además de los criterios para la cuantificación periódica de la calidad del servicio de las estaciones ITV y para su publicación.
En materia de precios, se descartó el establecimiento de un sistema de precios libres siguiendo la recomendación del Consejo Económico y Social de Canarias, por el escaso número de grupos empresariales presentes en cada isla, que no permite garantizar una competencia mínima entre empresas sino que podría favorecer un acuerdo de precios o mercados, que terminarían perjudicando a los usuarios.
La finalidad de la Orden consiste en establecer un marco que permita al centro directivo competente en la materia ejercer su responsabilidad en la fijación y actualización de los precios de las inspecciones técnicas de vehículos atendiendo al necesario equilibrio entre la equidad de los usuarios del servicio y la estabilidad económica que permita asegurar la prestación del servicio a largo plazo.
En cuanto a las inspecciones no periódicas y el resto de servicios que prestan las estaciones ITV, para los que el Decreto en vigor cambia el régimen de precios máximos por el de precios libres comunicados, a través de esta Orden se pretende establecer pautas que garanticen la máxima transparencia y publicidad a estos precios promoviendo la competencia entre las distintas empresas y favoreciendo que el usuario pueda comparar precios a la hora de elegir un establecimiento.
El objetivo de la norma en materia de calidad del servicio es definir y concretar los aspectos y la periodicidad de la evaluación, su cuantificación y la forma en que será publicada.
La publicación de esta evaluación de la calidad del servicio también tendrá el doble objetivo de permitir a las empresas analizar su margen de mejora en términos absolutos y en comparación con otras estaciones y permitir que los usuarios puedan comparar y conocer la calidad que pueden esperar de los distintos establecimientos.