La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que las cuentas para este ejercicio buscan "no frenar la recuperación económica" y también "paliar la situación de los que peor lo están pasando".

En el capítulo de gastos, las cuentas mantienen la actualización de las pensiones, congelan pero no reducen el sueldo de los funcionarios, mantienen las prestaciones por desempleo y el gasto social, explicó Sáenz de Santamaría.

"No nos podemos permitir lujos como los del pasado año, con un déficit de 90.000 millones", advirtió la portavoz del Gobierno antes de anunciar que en el capítulo de ingresos no se aumenta el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para "no perjudicar al consumo" pero sí se modifica el Impuesto de Sociedades, además de poner en marcha un programa de armonización fiscal.

También aumentan las tasas judiciales en lo civil, en lo concencioso y en la segunda instancia del ambito social para sufragar los gastos del funcionamiento de la Administración de Justicia.