Según el viceconsejero de Economía, Ildefonso Socorro, "esta propuesta es el resultado de un amplio proceso participativo en el que se han valorado las aportaciones realizadas por los distintos sectores y cuenta con el más amplio consenso".
El impuesto, que grava de forma general los productos importados u obtenidos en las Islas, incluye exenciones y reducciones para determinadas mercancías producidas en el Archipiélago con el fin de proteger la industria local. Su plazo de vigencia expira el 31 de diciembre de 2013 y tales excepciones están consideradas como ayudas de Estado por lo que precisan autorización de la UE.
Esta protección nace de la necesidad de compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias, en particular el aislamiento y la fragmentación del mercado, que generan costes de producción más elevados y limitan el desarrollo del sector industrial.
Socorro asegura que el AIEM ha cumplido plenamente con los objetivos para los que fue establecido, y existe un "consenso generalizado" sobre la necesidad de mantener esta figura a partir de 2014.
A su juicio, las desventajas que justificaron la autorización de exenciones y reducciones para una lista de productos locales no han variado y siguen siendo válidas. "El AIEM ha tenido unos efectos beneficiosos indudables para el mantenimiento de la actividad industrial en Canarias", afirma el viceconsejero.
También explica que la nueva propuesta ha sido elaborada tras realizar un pormenorizado análisis del contexto económico del Archipiélago, así como del impacto del AIEM en el tejido productivo local y en el resto de la actividad económica.
En la fase de consulta interna se ha actualizado el listado de productos con el fin de eliminar aquellos que ya no son sensibles para la producción local, a la vez que se incorporan otros nuevos o se modifican los niveles de protección.
El plazo para el que se solicita la prórroga se extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, coincidiendo con el nuevo periodo de programación de la Unión Europea y con la vigencia de las nuevas Directrices de Ayudas de Finalidad Regional.
Tras la remisión al Ministerio, la Secretaría de Estado de Hacienda trasladará la propuesta a la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea para que autorice la continuidad de esta ayuda de Estado. A continuación, se elevará al Consejo Europeo y al Parlamento para la aprobación definitiva.
